En un golpe contra la deforestación ilegal en Colombia, la fiscalía general de la Nación ha llevado a juicio a 12 menonitas mexicanos (comunidad de origen europeo, alemán/holandés) acusados de talar más de 100 hectáreas de bosque natural en Puerto Gaitán, departamento del Meta. Este caso, que resalta el impacto ambiental en los llanos orientales y las tensiones con comunidades indígenas sikuani, expone cómo grupos agrícolas extranjeros contribuyen al aumento del 43% en la deforestación nacional entre 2023 y 2024, amenazando la conectividad ecológica entre la Amazonia y los Andes
Los hechos se remontan al período entre 2016 y 2021, cuando los acusados, miembros de una comunidad menonita ultrarreligiosa dedicada a la agricultura intensiva, removieron la cubierta vegetal sin autorizaciones ambientales, invadieron cuerpos de agua y construyeron cuatro puentes ilegales para conectar seis predios colindantes. Estas acciones facilitaron el paso de maquinaria pesada y el aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, configurando delitos como daño a recursos naturales e invasión de áreas de especial importancia ecológica.
Un vocero de la Fiscalía enfatizó la intencionalidad de los actos: “Sabían que para talar árboles y remover la cobertura vegetal se requiere permiso o autorización de la autoridad ambiental y no lo obtuvieron. Era un delito y, sin embargo, con su voluntad, quisieron la realización de las obras”. Los menonitas, originarios de México y con colonias en países como Paraguay, Bolivia y Perú, se comprometieron a presentar una propuesta de reparación ambiental un mes antes de la acusación formal, aunque el proceso judicial avanza inexorablemente.
El impacto ambiental es devastador. En el Meta, que actúa como la “bisagra ecológica” entre la Amazonia y los Andes, se pierden anualmente unas 20.000 hectáreas de bosque, equivalente a 28 campos de fútbol. Adriana Rojas Suárez, coordinadora de MapBiomas Colombia, alertó sobre las implicaciones: “Su afectación tiene implicaciones importantes en la conectividad ecológica regional”. Imágenes satelitales revelan la magnitud de la tala, que no solo degrada el patrimonio natural del país, sino que agrava la crisis climática en una región ya vulnerable.
Pero el conflicto va más allá del medio ambiente. Comunidades indígenas sikuani, desplazadas por el conflicto armado en décadas pasadas, reclaman estos territorios como ancestrales. Pedro Cortés, miembro de la comunidad, denunció: “Primero era una sola familia que llegó a producir maíz y soja. Hoy son bastantes más. Unas 120 familias. Le pedimos al Estado que garantice nuestros derechos territoriales y que nos deje seguir cuidando el ambiente y la vida”. Miller Gómez Figueroa, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Meta, celebró la investigación pero cuestionó la selectividad: “Los sikuani llevan 40 años solicitándole al Estado que les cedan estos territorios porque les pertenecen ancestralmente y siempre encontraron trabas. ¿Cómo es posible que los menonitas tuvieran licencias en menos de cinco años?”.
Este caso se enmarca en un patrón regional. Los menonitas, conocidos por su estilo de vida hermético y autosuficiente, han generado controversias similares en América Latina, con denuncias por deforestación en Perú y Bolivia. En Colombia, su llegada al Meta hace menos de una década ha intensificado tensiones, incluyendo amenazas y muertes de líderes indígenas en Puerto Gaitán a manos de grandes terratenientes.
La Fiscalía busca no solo sanciones, sino un mensaje claro contra la impunidad ambiental. Mientras el juicio se desarrolla, expertos urgen al gobierno a fortalecer la vigilancia territorial y equilibrar el desarrollo agrícola con la conservación. Este escándalo podría impulsar reformas en la política ambiental colombiana, en un momento crítico donde la deforestación amenaza el futuro de la biodiversidad.
