En un fallo contundente, el Juzgado de Garantías N.º 4 de Paraná, a cargo de Julián Vergara, hizo lugar a una acción de Amparo Ambiental presentada por 11 vecinos de Crespo, ordenando a la Municipalidad suspender de inmediato el uso de aguas contaminadas de los arroyos N50151/2, S30052 y Hondonada de la Cruz para el riego de calles. Según el expediente, la medida respondió a pruebas irrefutables de contaminación que representan un grave riesgo sanitario para la población.
Desde 2023, vecinos y concejales venían alertando sobre el uso de aguas contaminadas en las calles de tierra de Crespo, pero sus denuncias fueron sistemáticamente desoídas por la Municipalidad. La acción judicial, patrocinada por la Dra. Juliana Colja, se fundamentó en estudios técnicos previos, reclamos ciudadanos y pedidos legislativos sin respuesta. Los denunciantes expusieron fallas graves en el sistema cloacal municipal, que descarga aguas sin tratar en los arroyos, poniendo en peligro la salud pública.
Pericias confirman el peligro
Un informe técnico, elaborado por una ingeniera química a partir de muestras recolectadas por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, reveló niveles alarmantes de contaminación en los arroyos utilizados. El documento destaca que esta práctica expone a trabajadores municipales y sectores vulnerables a riesgos sanitarios directos, calificándola como una amenaza “patente” para la salud pública.
Medidas judiciales urgentes
El juez Vergara dispuso una serie de medidas inmediatas para abordar la crisis:
Prohibición del uso de aguas contaminadas: La Municipalidad debe suspender de inmediato el riego con agua de los arroyos hasta que análisis certifiquen su seguridad.
Peritaje del sistema cloacal: En un plazo de 30 días, se realizará una evaluación integral de cañerías, estaciones elevadoras y lagunas de estabilización, con supervisión de la Secretaría de Ambiente y difusión pública de los resultados.
Monitoreo continuo: Se ordenó implementar muestreos periódicos para controlar la calidad de los arroyos.
Informe a la Legislatura: La Municipalidad deberá notificar la ausencia de normativa provincial sobre la calidad del agua para riego urbano, instando a que se trate legislativamente.
Un precedente para la protección ambiental
El fallo refuerza el principio precautorio ambiental, consagrado en la legislación argentina, y reconoce el derecho constitucional a un ambiente sano. Además, destaca la importancia de la participación ciudadana en la defensa del bien común y exige a los municipios mayor responsabilidad en la gestión de recursos hídricos y sistemas cloacales.
Esta resolución marca un hito en la lucha por la salud pública y el cuidado del ambiente en Crespo, sentando un precedente clave para otras comunidades que enfrentan problemáticas similares. La ciudadanía espera ahora que las autoridades cumplan con las medidas ordenadas y garanticen un entorno seguro para todos.
