Por décadas, confundidos con dunas, cientos de tambores oxidados yacen soterrados cerca de la costa bonaerense, generando preocupación por su impacto ambiental.
En Arroyo Parejas, una localidad del municipio de Coronel Rosales, a 40 minutos al sur de Bahía Blanca, lo que parecían grandes dunas de arena escondían un secreto contaminante. En 2022, tras una fuerte sudestada que azotó la costa en marzo, la ingeniera ambiental Guadalupe Álvarez descubrió más de 70 barriles corroídos, que luego se confirmaron como parte de un total de aproximadamente 300 tambores con capacidad para 200 litros de petróleo cada uno. Muchos de ellos, marcados con el logo de YPF, estaban rotos y soterrados, lo que desató una investigación y una denuncia penal por un posible pasivo ambiental.
Álvarez, directora de la organización ambientalista Humedal Arroyo Pareja-Isla Cantarelli (Hapic) y perito ambiental para la gobernación bonaerense, realizaba un monitoreo de aves cuando encontró los tambores. “Evidentemente, alguien los había tapado con tierra y después de la tormenta se empezaron a ver. Yo no tenía idea ni de que YPF había estado acá”, relató. Su hallazgo la llevó a investigar y conectar los barriles con un derrame de 700 m³ de petróleo ocurrido en 1992, frente a la base naval Puerto Belgrano, que afectó las rías bahienses hasta Monte Hermoso, a 100 kilómetros del epicentro.
En 2023, la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de Bahía Blanca identificó los tambores, varios de ellos oxidados y con residuos de hidrocarburos. Álvarez presentó una denuncia penal ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº12, a cargo de la fiscal Leila Scavarda, aportando evidencias fotográficas y archivo periodístico. Según su investigación, los barriles podrían estar relacionados con el derrame de 1992, cuando YPF operaba en una zona franca costera hasta 1994, antes de que el sitio pasara a manos de Otamerica (antes Oil Tanking Ebytem SA).
YPF afirmó que el derrame de 1992 fue remediado, pero puso en duda la relación con los barriles, argumentando que “en aquella época todas las empresas usaban tambores de YPF” y que no hay una orden judicial que lo investigue. Por su parte, la ley de pasivos ambientales (14.343) establece que los responsables de recomponer sitios contaminados son los titulares de la actividad o los propietarios del terreno. Según Álvarez, el consorcio del Puerto Coronel Rosales, presidido en ese entonces por Rodrigo Aristimuño (hoy intendente), sería responsable, ya que la Provincia es la propietaria del área. Aristimuño negó esta responsabilidad, aclarando que el sitio no está bajo la administración del consorcio, aunque admitió que financiaron la remediación.
En julio de 2023, la empresa DSL SA, especializada en saneamiento ambiental, fue contratada para limpiar la zona, con apoyo técnico de Otamerica. Según Joaquín Maltas, presidente de DSL SA, los estudios de suelo mostraron valores óptimos y no se encontraron “plumas hidrocarburíferas” profundas, descartando la teoría de Álvarez sobre una contaminación subterránea significativa. Maltas afirmó que los tambores eran “chatarra” con remanentes petroleros, no necesariamente vinculados al derrame. Sin embargo, Álvarez sostiene que la remediación fue incompleta, señalando la falta de análisis de agua y la presencia de fragmentos de tambores y terrones de petróleo en la arena en inspecciones de enero de 2024.
La causa judicial, archivada en octubre de 2023 por falta de pruebas, fue reabierta tras consultas y la apelación de Álvarez. La zona, vecina a la Reserva Natural Bahía Blanca, parte de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, es crítica para especies vulnerables. Álvarez advierte que el petróleo, al volverse viscoso como brea, podría seguir contaminando el suelo y el agua, afectando la biodiversidad. “El problema es lo que no vemos, lo que está abajo”, insistió.
Mientras las autoridades y DSL SA aseguran que la remediación fue exitosa, Álvarez denuncia irregularidades y exige mayores controles. El caso, aún bajo investigación, pone en evidencia los desafíos de gestionar pasivos ambientales en áreas costeras sensibles.
