En un ejemplo pionero de responsabilidad social corporativa, la empresa privada Repsol Perú decidió redirigir recursos que normalmente iban a impuestos para financiar la liberación de 420.000 taricayas (Podocnemis unifilis), una tortuga acuática emblemática de la cuenca amazónica, en la región de Loreto. Este proyecto, ejecutado mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), ha permitido generar 680 empleos locales y fortalecer la educación ambiental en comunidades nativas, con una inversión total de S/57 millones.
Repsol Perú, filial de la multinacional española Repsol y uno de los principales actores en el sector de hidrocarburos en el país, ha apostado por este mecanismo para contribuir directamente a la preservación de la biodiversidad amazónica. La compañía, que opera en la región desde hace décadas, busca equilibrar su actividad extractiva con acciones concretas de sostenibilidad ambiental. En este caso, la empresa optó por destinar parte de su obligación tributaria a financiar el programa de repoblamiento de taricayas, en alianza con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ProInversión y las comunidades nativas beneficiarias. Esta decisión representa un cambio de paradigma en la forma en que las grandes empresas pueden participar en la conservación del patrimonio natural peruano.
La taricaya es una especie vulnerable según la UICN y protegida en el Apéndice II de CITES. Endémica de los grandes ríos, lagos y cochas de la Amazonía peruana, enfrenta amenazas graves como la caza de huevos y carne, el tráfico ilegal, la destrucción de hábitat y la contaminación. Estuvo al borde de la extinción en los años 90, pero programas de manejo participativo —como los de la Reserva Nacional Pacaya Samiria— han permitido su recuperación mediante incubación protegida y liberación masiva.
La última liberación se realizó en la comunidad nativa de Nueva Vida, donde la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, soltó 105.000 ejemplares. El proyecto abarca cuatro Áreas de Conservación Regional: Maijuna Kichwa, Comunal Tamshiyacu Tahuayo, Ampiyacu Apayacu y Alto Nanay–Pintuyacu–Chambira. Incluye repoblamiento, talleres sobre normativa de fauna silvestre, campañas contra el tráfico ilegal y sensibilización comunitaria.
“Cuando Estado y sector privado trabajan de forma articulada, es posible proteger la biodiversidad amazónica, recuperar especies vulnerables y generar empleo para las comunidades locales”, destacó la ministra Miralles.
En Loreto, el uso del mecanismo OxI ha crecido exponencialmente en 2025, con más de S/283 millones adjudicados y un Tope Máximo de Capacidad Anual superior a S/2.575 millones. Esta iniciativa no solo rescata a las taricayas, sino que posiciona la economía verde como motor de desarrollo sostenible, ofreciendo un modelo replicable para combatir la deforestación y el cambio climático en el Perú.
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