En un fallo clave para el sector energético, la Corte Suprema rechazó una medida cautelar ambiental impulsada por asociaciones patagónicas, permitiendo la continuidad de las explotaciones de petróleo y gas en Vaca Muerta. Esta decisión, que prioriza el desarrollo hidrocarburífero en la Cuenca Neuquina, genera debates sobre el equilibrio entre protección ambiental y crecimiento económico en Argentina, con implicancias para inversores y comunidades locales.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha emitido un fallo trascendental que desestima una cautelar ambiental presentada por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA), habilitando así la plena continuidad de las operaciones en Vaca Muerta. La resolución, firmada por el presidente Horacio Rosatti y conjueces como Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, Silvina Andalaf Casiello y Rocío Alcalá, argumenta que la demanda carece de verosimilitud en los hechos alegados y no demuestra un peligro irreparable en la demora.
ASSUPA, representando a propietarios de tierras en la región, impulsó esta acción contra empresas como YPF, Pampa Energía, Chevron y otras del sector hidrocarburífero, alegando daños ambientales constantes y progresivos en la Cuenca Neuquina. La organización solicitaba una recomposición progresiva del área afectada, con intervenciones de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para mediciones ambientales, informes semestrales de remediación y control de ejecución. Además, pedía su participación directa como veedora en los procesos y la promoción de acuerdos bilaterales entre las partes involucradas.
Sin embargo, el máximo tribunal cuestionó la falta de precisión en la denuncia. ASSUPA no especificó con claridad los hechos contaminantes ni delimitó territorialmente los problemas, limitándose a una mención difusa de la Cuenca Neuquina. La Corte enfatizó que su competencia se restringe a daños interjurisdiccionales, no a cuestiones locales o provinciales. Respecto a las pruebas, el único informe invocado –de la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén en 2021– no fue acompañado adecuadamente, y los incidentes mencionados se circunscriben a la jurisdicción neuquina.
El fallo destaca que no se configuran los presupuestos para una tutela anticipada bajo la Ley General del Ambiente, que rige principios como el precautorio y de prevención. "No se advierte ninguna razón que justifique la procedencia del planteo cautelar", sentenció la Corte, cerrando la puerta a un freno judicial generalizado de la actividad en Vaca Muerta. Esta decisión ratifica la continuidad de las operaciones de petróleo y gas, esenciales para la economía argentina, en un contexto de debate global sobre sostenibilidad energética.
Las implicancias son profundas: el pronunciamiento impide intervenciones judiciales extraordinarias sin pruebas concretas, delimitación territorial precisa y vinculación directa de daños a las empresas demandadas. Para el sector, representa un impulso al desarrollo energético, atrayendo potenciales inversiones en una de las reservas de shale más importantes del mundo. Sin embargo, ambientalistas advierten que podría postergar medidas urgentes de mitigación y remediación, exacerbando tensiones entre comunidades patagónicas y la industria.
Este fallo llega en un momento crítico para Argentina, donde Vaca Muerta se posiciona como pilar de la transición energética y la generación de divisas. Expertos coinciden en que equilibra el progreso económico con la necesidad de rigor en las demandas ambientales, pero el debate está lejos de cerrarse.
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