En un movimiento que ya genera controversia nacional, el Gobierno argentino impulsa una reforma radical al régimen de tierras rurales, permitiendo la compra libre por parte de extranjeros privados y eliminando barreras que frenan el negocio inmobiliario, energético y minero. Esta propuesta, alineada con el Pacto de Mayo, podría atraer inversiones millonarias pero despierta alertas sobre soberanía territorial y especulación ambiental. Palabras clave para búsqueda: reforma tierras Argentina, compra tierras extranjeros, modificación Ley 26.737, inversiones inmobiliarias Argentina, Consejo de Mayo propuestas.
El Consejo de Mayo, órgano multisectorial creado para generar iniciativas legislativas en sintonía con el acuerdo firmado por 17 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, presentó un informe que anticipa cambios profundos en la comercialización de tierras. Entre las medidas clave, se destaca la liberación de la compra de terrenos rurales a inversores extranjeros privados, derogando límites establecidos por la Ley N.º 26.737 de 2011. Esta norma, que prohíbe a extranjeros poseer más de 1.000 hectáreas productivas en zonas estratégicas como la Zona Núcleo del agronegocio, ha sido calificada por el Consejo como un "obstáculo" que desalienta la inversión internacional.
Según el documento, "desde el año 2011, la inversión en este sector ha sido obstaculizada", y la modificación busca fomentar el crecimiento económico en línea con la Constitución Nacional. Sin embargo, se mantiene la autorización previa para compras por entes estatales extranjeros, con el fin de preservar la seguridad nacional. Fuentes cercanas al Gobierno estiman que esta apertura indiscriminada podría generar inversiones por 5.000 millones de dólares, expandiendo el real estate en el interior del país.
Paralelamente, el Consejo propone reformar la Ley de Manejo del Fuego (N.º 26.815), modificada en 2020 para impedir cambios en el destino productivo de campos afectados por incendios durante 30 a 60 años. Esta restricción, implementada para evitar incendios intencionales vinculados a la especulación inmobiliaria –especialmente en la Patagonia–, sería eliminada por completo. El argumento oficial es que los productores sufren una "doble catástrofe": el incendio en sí y la imposibilidad de adaptarse a nuevos usos, lo que reduce el valor de las propiedades y frena la recuperación económica.
El régimen actual también fija límites estrictos: los extranjeros no pueden superar el 15% de posesión rural a nivel municipal, provincial o nacional, ni el 30% por nacionalidad. Además, prohíbe el control de más de 1.000 hectáreas en áreas clave. De aprobarse la reforma, estas barreras caerían, permitiendo a capitales trasnacionales acceder libremente. Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, actualmente solo el 5% del territorio está en manos extranjeras, con porcentajes más altos en provincias como Salta (11,3%), Misiones (11,2%), San Juan (10,3%), Catamarca (8,2%) y Santa Cruz (8,1%).
Esta iniciativa, promovida por La Libertad Avanza (LLA), se enmarca en una estrategia para atraer capitales extranjeros y dinamizar sectores estratégicos, pero críticos advierten sobre riesgos de pérdida de soberanía y mayor vulnerabilidad ambiental. Mientras el debate se calienta, el futuro de las tierras argentinas pende de un hilo, con potencial para transformar el mapa económico del país.
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