La Policía Federal allanó el icónico Aquarium de Mar del Plata, cerrado desde marzo de este año, por presuntos vuelcos contaminantes con residuos peligrosos directamente al Mar Argentino y la red colectora. Una investigación judicial destapa un posible delito ambiental que pone en riesgo la salud pública, la biodiversidad marina y el turismo costero, mientras se aguardan análisis de muestras tóxicas.
En las profundidades sombrías de un secreto ambiental que hierve bajo la superficie, la Policía Federal Argentina irrumpió este miércoles en el icónico Aquarium de Mar del Plata, un coloso marino clausurado que aún late con vida animal, desatando un torbellino de acusaciones por contaminación letal. Vertidos sospechosos, cargados de materia orgánica tóxica y compuestos invisibles pero mortales, se filtran hacia el Mar Argentino, violando la sagrada Ley de Residuos Peligrosos y poniendo en jaque la salud de océanos, playas y comunidades. Un drama que fusiona historia de gloria turística con un presente de sombras ecológicas, donde el eco de millones de visitantes pasados resuena en un vacío de responsabilidades olvidadas.
Una historia turbulenta
Desde su inauguración en 1993, el Aquarium se erigió como un titán del entretenimiento costero, atrayendo a más de 200.000 visitantes anuales y generando ingresos que superaban los millones de pesos argentinos en entradas y experiencias exclusivas, como buceos con delfines a 600 ARS por persona. Empleaba a más de 300 trabajadores en sus días de esplendor, inyectando vitalidad económica a Mar del Plata, una ciudad que en 2022 recibió 8,8 millones de turistas, con el parque como joya indiscutible. Pero la crisis del 2001 lo vendió dos veces, marcando un declive: controversias por muertes de animales emblemáticos, como la orca Lolita, y protestas por cautiverio cruel. En marzo de 2025, el cierre definitivo –tras fallidas negociaciones con The Dolphin Company– dejó 200 empleos en la deriva, un golpe devastador que evaporó decenas de millones en aportes turísticos y sumió al predio en un limbo de abandono, donde delfines fueron exiliados a Egipto en medio de denuncias por negligencia.
Durante el allanamiento, orquestado por el Juzgado de Garantías N°1, agentes de la División Delitos Ambientales destaparon caños clandestinos que vomitaban residuos hacia la red colectora de Obras Sanitarias y directamente al océano. Estos efluvios, saturados de compuestos orgánicos peligrosos, evocan un veneno sutil que corrompe las aguas cristalinas, amenazando la biodiversidad marina con niveles de contaminación que, según censos nacionales, incluyen 74% de plásticos en playas bonaerenses: envoltorios al 14,1%, colillas al 13,3%, fragmentos al 11,8% y bolsas al 8,3%. En Mar del Plata, con 600 toneladas diarias de residuos urbanos, el 80% de la basura marina proviene de fuentes terrestres, exacerbando un desastre que podría costar millones en remediación ambiental y multas bajo la Ley 24.051, cuyas sanciones escalan a penas de prisión equivalentes a envenenamiento, con topes históricos de 500.000 ARS en multas –aunque proyectos buscan elevarlas para disuadir a infractores reincidentes.
Investigación implacable
Bajo el mando del fiscal Carlos Martínez, con el apoyo de auxiliares Agustín Roldán y Victoria Piro, la pesquisa del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos –dirigida por el fiscal general Daniel Eduardo Adler– apunta a la sociedad responsable y sus directores, ex administradores del sitio. Iniciada por una denuncia anónima, indaga si estos vertidos infringen la Ley 24.051, que regula sustancias letales con rigor penal: en casos pasados, multas han alcanzado cientos de miles, mientras estadísticas revelan que Argentina lidia con 18% de plásticos marinos de origen pesquero, amplificando el riesgo para ecosistemas costeros. Las muestras recolectadas –de vuelcos a colectoras y al mar– serán analizadas en laboratorios, desvelando concentraciones que podrían desencadenar sanciones millonarias y cierres definitivos, en un contexto donde la contaminación costera ya devora miles de hectáreas de hábitat marino anuales.
Aunque el Aquarium yace cerrado al público desde marzo de 2025, un esqueleto de personal vela por los animales remanentes, en un predio de 9 hectáreas que antes bullía de vida y ahora susurra interrogantes sobre gestión ambiental fallida. Medidas fiscales incluyen tomas de muestras, constatación de descargas y verificación de vertidos directos, con análisis que podrían revelar sustancias peligrosas en niveles alarmantes. Este escándalo no solo resalta fallas en fiscalización de sitios con grandes volúmenes de agua orgánica, sino que proyecta pérdidas económicas: el cierre ya evaporó decenas de millones en turismo, mientras remediaciones podrían costar cientos de miles por hectárea contaminada, en una ciudad donde el 98,9% de residuos urbanos agrava el caos. Un llamado urgente a la conciencia, donde el mar, ese amante eterno, clama por justicia antes de que el veneno lo consuma todo.
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