El Gobierno de Javier Milei confirmó este lunes el envío al Congreso de un proyecto de reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa que busca corregir falencias interpretativas de la norma vigente y promover inversiones productivas sin descuidar la protección ambiental. Esta propuesta, clave en el debate sobre recursos hídricos y desarrollo económico, apunta a establecer criterios técnicos precisos para compatibilizar la preservación de glaciares con el dominio provincial sobre recursos naturales, en línea con la Constitución Nacional. Palabras como "reforma ley glaciares Argentina", "proyecto Milei glaciares" y "cambios minería ambiental" destacan en este contexto de equilibrio sostenible.
La actual Ley de Glaciares, sancionada en 2010, ha generado controversia por sus definiciones amplias que incluyen masas de hielo estables o en movimiento, ambientes periglaciales con suelos congelados y zonas saturadas en hielo que regulan el agua. Su artículo 6 prohíbe estrictamente actividades como la exploración minera, explotación hidrocarburífera, instalación de industrias y manejo de sustancias tóxicas en estas áreas, lo que –según el Ejecutivo– ha provocado inseguridad jurídica y parálisis de inversiones. "A más de 15 años de su sanción, la mal llamada ley de Glaciares ha demostrado graves falencias que afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales", señalaron fuentes oficiales, enfatizando la necesidad de reglas claras para eliminar discrecionalidades ideológicas que obstaculizaron el crecimiento económico.
El proyecto introduce modificaciones puntuales para un enfoque equilibrado. En su primer artículo, sustituye el objetivo central manteniendo la preservación de glaciares y ambientes periglaciales como reservas estratégicas hídricas, pero interpretada en compatibilidad con el artículo 41 de la Constitución –que exige proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano– y el 124, que reconoce el dominio originario provincial. Esto busca un uso racional que atienda necesidades presentes sin comprometer futuras generaciones.
Un cambio clave afecta al Inventario Nacional de Glaciares, limitándolo a geoformas con funciones hídricas estratégicas efectivas, como reservas de agua o recarga de cuencas. Se incorpora el principio precautorio en el artículo 3° bis: todas las geoformas inventariadas se protegen hasta verificar su rol hídrico; si no lo cumplen, salen de la ley pero quedan bajo la Ley General del Ambiente. Esto corrige la protección automática de áreas sin función comprobada, una de las críticas principales.
El artículo 5° refuerza el rol de las provincias, permitiéndoles informar sobre nuevos glaciares o pérdida de funciones, omitiendo el monopolio del IANIGLA y validando autorizaciones provinciales para despejar inseguridad jurídica. En el artículo 6°, se mantiene la prohibición de actividades que alteren relevantemente glaciares con función hídrica, pero la evaluación de "alteración relevante" –incluyendo minería e hidrocarburos– pasa a un análisis caso por caso vía evaluación de impacto ambiental provincial, reemplazando prohibiciones genéricas.
Además, el artículo 7° exige evaluación de impacto ambiental previa para todas las actividades, con participación ciudadana y excepciones para ciencia, deportes no motorizados y emergencias. Finalmente, el artículo 8° redefine autoridades: cada jurisdicción nombra su ente ambiental, con intervención de Parques Nacionales en áreas protegidas, reforzando el federalismo ambiental y el rol provincial en identificar glaciares hídricos.
Esta reforma surge en un momento de tensión entre ambientalistas y sectores productivos, con potencial para desbloquear megaproyectos mineros en regiones andinas. Críticos advierten riesgos para el agua, mientras el Gobierno asegura estándares ambientales fortalecidos. El debate en el Congreso promete ser intenso, con implicancias para la economía argentina y su inserción global.
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