En un fallo calificado como histórico por activistas ambientales, el Tribunal Superior de Western Cape ha revocado la autorización ambiental otorgada a las compañías TotalEnergies y Shell para la perforación de petróleo y gas en un bloque offshore frente a la costa de Cabo, en Sudáfrica.
La empresa estatal PetroSA mantenía una participación minoritaria en el proyecto, conocido como Bloque 5/6/7, ubicado entre Ciudad del Cabo y Saldanha Bay.
La decisión judicial surge de una impugnación presentada por las organizaciones de la sociedad civil The Green Connection y Natural Justice, quienes argumentaron que los riesgos ambientales y sociales no fueron evaluados adecuadamente en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). El tribunal identificó deficiencias graves en el proceso, incluyendo la falta de evaluación de las consecuencias socioeconómicas de un posible derrame de petróleo importante para los pescadores artesanales y las comunidades costeras que dependen de estas aguas para su sustento.
Además, el fallo determinó que el proyecto ignoraba las leyes de protección costera, no consideraba adecuadamente los impactos climáticos –como la contribución al cambio climático global– y omitía posibles daños transfronterizos. Un aspecto clave fue la ocultación al público de planes de emergencia cruciales para derrames y explosiones, lo que obstaculizó la participación comunitaria efectiva.
La sentencia, dictada por la jueza Nobahle Mangcu-Lockwood, requiere que TotalEnergies presente nuevos estudios que aborden estas brechas, haga públicos los planes de emergencia y abra el proceso a consultas adicionales antes de que se pueda reconsiderar cualquier actividad de perforación. Los grupos de la sociedad civil celebraron el fallo como una "victoria para las comunidades costeras", destacando que protege los derechos constitucionales a un medio ambiente saludable y a la participación pública.
Cronología de los Hechos
El caso ha sido un proceso prolongado que involucra múltiples etapas de evaluación, oposición y litigio. A continuación, un resumen de los eventos clave:
1 de marzo de 2022: El Tribunal Superior detiene una encuesta sísmica de Searcher para el Bloque 5/6/7, argumentando falta de consulta con pescadores artesanales de la Costa Oeste.
4 de julio de 2022: The Green Connection presenta comentarios sobre el Informe Preliminar de Alcance (Draft Scoping Report) de TotalEnergies EP South Africa (TEEPSA), abogando por priorizar energías renovables.
Abril de 2023: El Departamento de Recursos Minerales y Energía (DMRE) otorga la autorización ambiental a TEEPSA para perforar hasta cinco pozos exploratorios en el Bloque 5/6/7.
25 de marzo de 2024: The Green Connection y Natural Justice inician el desafío legal contra la autorización, buscando una revisión judicial para proteger el medio ambiente y las comunidades costeras.
9 de mayo de 2024: Notificación de que el Ministro del DMRE, el Director General y TEEPSA se oponen al desafío legal.
10 de mayo de 2024: Las organizaciones presentan comentarios sobre el EIA revisado, respaldados por el Masifundise Development Trust, resaltando riesgos para ecosistemas marinos.
4 de septiembre de 2024: El Departamento proporciona el registro de la decisión, con retraso respecto a la fecha ordenada por el tribunal.
11 de octubre de 2024: Se presenta una declaración jurada suplementaria para fortalecer el desafío.
Principios de 2025: Organizaciones eco-justicia, incluyendo The Green Connection y Natural Justice, elevan preocupaciones sobre los riesgos ambientales y socioeconómicos del proyecto.
8 de mayo de 2025: Inician las audiencias en el Tribunal Superior de Western Cape, con apoyo de pescadores artesanales.
13 de agosto de 2025: El tribunal revoca la autorización, remitiendo el caso al DMRE para evaluaciones adicionales y participación pública.
Esta cronología ilustra cómo el proceso ha evolucionado desde evaluaciones iniciales hasta una victoria judicial, impulsada por la persistencia de las comunidades y organizaciones civiles.
Casos Similares en Sudáfrica
Este fallo no es aislado en el panorama de litigios ambientales en Sudáfrica, donde las comunidades y ONGs han utilizado los tribunales para desafiar proyectos de combustibles fósiles, invocando derechos constitucionales y consideraciones climáticas. Algunos precedentes notables incluyen:
Sustaining the Wild Coast NPC y Otros v. Ministro de Recursos Minerales y Energía (2021-2022): El Tribunal Superior de Makhanda otorgó un interdicto que prohibió una encuesta sísmica offshore de Shell en la Costa Salvaje (Wild Coast), argumentando impactos inadecuados en comunidades indígenas y ecosistemas marinos. El caso resultó en la suspensión de las actividades.
African Climate Alliance y Otros v. Ministro de Recursos Minerales y Energía (2024): Desafío constitucional contra planes para generar 1.500 MW de energía a carbón, cuestionando la compatibilidad con metas climáticas nacionales. El caso, resuelto en diciembre de 2024, enfatizó la necesidad de considerar alternativas renovables.
Earthlife Africa Johannesburg v. Ministro de Asuntos Ambientales (Thabametsi, 2017): El tribunal obligó a reconsiderar una planta de carbón por no evaluar impactos climáticos adecuadamente, estableciendo un precedente para integrar el cambio climático en evaluaciones ambientales.
Otros litigios contra Shell (2022-2024): Comunidades indígenas ganaron casos contra exploraciones de Shell en la Costa Este, donde se revocaron derechos de exploración por fallos en consultas públicas y evaluaciones de impacto cultural.
Estos casos reflejan una tendencia creciente en Sudáfrica, donde los tribunales actúan como guardianes de los derechos ambientales, alineándose con obligaciones internacionales y protegiendo a comunidades vulnerables frente a la expansión de la industria fósil. El fallo actual contra TotalEnergies y Shell se construye directamente sobre estos precedentes, fortaleciendo la jurisprudencia climática en el país.
