En una audiencia de alegatos celebrada este lunes en Puerto Madryn, la Fiscalía solicitó penas de prisión de cumplimiento efectivo para dos directivos de la empresa pesquera Conarpesa, acusados de descargar residuos sin tratar en el Golfo Nuevo durante 2023. Nadine Parry, responsable ambiental de la compañía, enfrenta un pedido de condena de 3 años y 6 meses, mientras que Yosef Vargas, jefe de la planta de efluentes, podría recibir 3 años y 3 meses de prisión.
Los fiscales Alex Williams y Florencia Bianchi sostuvieron que ambos directivos son responsables de verter líquidos crudos provenientes del procesamiento de langostino directamente al mar, sin ningún tipo de tratamiento previo. La acusación se fundamenta en un sólido conjunto de pruebas que incluye pericias realizadas por el Cenpat-Conicet, análisis de laboratorio, actas oficiales, inspecciones oculares y registros fotográficos. Estos elementos confirmaron la existencia de un sistema de cañerías clandestinas tipo by-pass que desviaba los efluentes sin depuración hacia el Golfo Nuevo, en violación de las normativas ambientales.
Los informes técnicos presentados revelaron niveles alarmantes de contaminación: los sólidos suspendidos superaban hasta 21 veces los límites permitidos, la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) era 60 veces superior al máximo establecido, el amonio alcanzaba 25 veces el valor tolerable y la presencia de Escherichia coli era 2.700 veces mayor a lo permitido. Estas cifras evidencian un grave impacto ambiental en el ecosistema marino del Golfo Nuevo, una zona de gran relevancia ecológica y turística.
Además, la Fiscalía incorporó como prueba mensajes de WhatsApp intercambiados entre Parry y Vargas, en los que ambos reconocían la existencia de las derivaciones irregulares. Para el Ministerio Público Fiscal, estas comunicaciones demuestran que los acusados actuaron con pleno conocimiento y en conjunto para llevar a cabo la maniobra.
El caso, que ha generado gran indignación en la comunidad de Puerto Madryn, pone en el centro del debate la responsabilidad de las empresas pesqueras en la protección del medio ambiente. La descarga de efluentes sin tratar no solo afecta la biodiversidad marina, sino que también representa un riesgo para la salud pública y el turismo, uno de los pilares económicos de la región.
Con los alegatos ya presentados, la jueza Patricia Reyes será quien determine la sentencia en los próximos días. La resolución del caso es esperada con gran expectativa, ya que podría sentar un precedente importante en la lucha contra la contaminación ambiental en Chubut. Organizaciones ambientalistas y vecinos de la zona han manifestado su apoyo a las acciones judiciales, exigiendo sanciones ejemplificadoras para evitar que este tipo de prácticas se repitan.
