El próximo lunes por la mañana dará inicio en esta ciudad patagónica un esperado juicio oral contra dos altos responsables de la empresa pesquera Conarpesa, acusados de presunto daño ambiental en el Golfo Nuevo.
La audiencia inaugural está programada para las 8:30 horas y será presidida por la jueza Patricia Reyes, en un caso que ha generado gran expectativa en la comunidad local y el sector industrial.
En el banquillo de los acusados se sentarán Nadine Parry, gerenta de la planta industrial de Conarpesa, y Brahim Yoosef Vargas, responsable del tratamiento de efluentes de la compañía. Ambos serán representados por el abogado de la firma, Luis Novoa. La acusación estará a cargo del fiscal jefe Alex Williams y la fiscal Florencia Bianchi, pertenecientes a la Agencia Especial de Delitos Ambientales del Ministerio Público Fiscal.
El origen de esta causa se remonta a 2020, cuando un video viralizado mostró un vertido directo al mar de un líquido rosado con un fuerte olor, procedente del Parque Industrial Pesquero de Puerto Madryn. Estas imágenes alertaron a las autoridades y motivaron una investigación de oficio por parte del Ministerio Público Fiscal, que incluyó inspecciones en el lugar, peritajes técnicos y análisis de laboratorio exhaustivos.
Durante las diligencias, personal de criminalística, especialistas en medio ambiente del municipio y científicos del Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET) detectaron la existencia de un "bypass" no autorizado en las instalaciones de Conarpesa. Según los informes periciales, esta conexión irregular permitía derivar efluentes industriales directamente al Golfo Nuevo, sin pasar por el sistema de tratamiento requerido. Los análisis posteriores revelaron que las muestras de estos vertidos contenían bacterias como Escherichia coli en concentraciones hasta 2.000 veces superiores al límite legal permitido, lo que representa un riesgo significativo para la salud humana y un daño concreto al ecosistema marino.
La Fiscalía considera estos hallazgos como prueba clave para sostener que los imputados incurrieron en un delito ambiental, al priorizar posiblemente la eficiencia operativa sobre el cumplimiento de normas de protección ambiental. El juicio buscará determinar la responsabilidad penal de Parry y Vargas, en un proceso que podría sentar un precedente en la aplicación de la figura de daño ambiental en la industria pesquera patagónica. Este caso ha despertado preocupación en la comunidad, dado el valor ecológico del Golfo Nuevo, un hábitat clave para especies marinas y un atractivo turístico de la región.
¿Quiénes son los demandados y por qué se los acusa?
Para entender mejor el núcleo de esta causa, es importante detallar quiénes son los involucrados y las razones específicas de la acusación:
Nadine Parry, gerenta de planta: Como máxima responsable operativa de la planta industrial de Conarpesa en Puerto Madryn, se la acusa de haber supervisado o permitido prácticas que derivaron en el vertido contaminante. Su rol jerárquico implica que tenía conocimiento y autoridad sobre los procesos de manejo de residuos, incluyendo el sistema de tratamiento de efluentes. La Fiscalía argumenta que, bajo su gestión, se implementó o toleró el uso del bypass no autorizado, lo que resultó en la contaminación del Golfo Nuevo con sustancias tóxicas y bacterias en exceso.
Brahim Yoosef Vargas, responsable del tratamiento de efluentes: Este imputado era el encargado directo de supervisar el procesamiento y disposición de los residuos líquidos generados por la actividad pesquera. Se lo señala por negligencia o acción directa en la derivación de efluentes sin tratamiento adecuado, lo que violó normativas ambientales. Los peritajes indican que su área de responsabilidad fue clave en la detección del bypass, y los análisis de laboratorio –con niveles extremos de Escherichia coli– respaldan la tesis de que sus decisiones o omisiones causaron un daño ambiental concreto, potencialmente perjudicial para la salud pública y el ecosistema marino.
La acusación se basa en la Ley de Delitos Ambientales, que penaliza acciones que generan contaminación intencional o por negligencia grave. En este contexto, el vertido no solo alteró la calidad del agua en una zona sensible, sino que también podría haber afectado la biodiversidad local y la cadena alimentaria marina. De hallarse culpables, Parry y Vargas podrían enfrentar multas significativas –que podrían ascender a cifras millonarias, según precedentes similares– y penas de prisión efectiva, dependiendo de la calificación final del delito.
Este juicio será seguido de cerca por organizaciones ambientales, que lo ven como una oportunidad para reforzar la accountability en la industria pesquera, y por el sector empresarial, atento a las posibles implicancias regulatorias para operaciones similares en la Patagonia. La decisión judicial podría influir en futuras prácticas industriales, promoviendo un mayor énfasis en la sostenibilidad ambiental en una región dependiente de sus recursos naturales.
