En un paso clave para la modernización del sector eléctrico argentino, Central Puerto, la principal generadora de energía eléctrica de origen privado en el país, ha suscrito una carta mandato por hasta US$300 millones con la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial.
Este acuerdo, que se materializará tras una exhaustiva evaluación de las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de la compañía, impulsará un ambicioso plan de inversiones en proyectos renovables y almacenamiento en baterías, fortaleciendo la estabilidad y sostenibilidad del sistema energético nacional.
Central Puerto, que opera con una capacidad instalada de 6.703 MW y detenta un 19,69% de market share en el mercado eléctrico, cuenta con 16 plantas de generación de diversas tecnologías y emplea a más de 1.600 personas. La empresa, mayoritariamente controlada por el grupo energético Sadesa –cuyos accionistas incluyen a empresarios como Carlos Miguens Bemberg, Guillermo Reca, la familia Escasany y los hermanos Ruete Aguirre–, forma parte de un plan de inversiones superior a US$500 millones. Este portafolio no solo abarca generación eléctrica, sino también diversificación en distribución y transporte de gas natural, actividades forestales y mineras.
Avances en Proyectos Estratégicos de Almacenamiento y Renovables
Uno de los pilares de este financiamiento es el desarrollo de iniciativas en el marco de la licitación AlmaGBA, donde Central Puerto se adjudicó el primer y segundo lugar con ofertas por 205 MW de capacidad de almacenamiento en baterías (BESS). La construcción de estos sistemas iniciará a fines de este año, con entrada en operación prevista para 2026. Los proyectos clave son:
- Nuevo Puerto: Capaz de inyectar 150 MW de potencia durante 5 horas, con una inversión estimada en parte de los US$130 millones totales para ambos desarrollos.
- Costanera: Con 55 MW de potencia durante 5 horas, estos sistemas BESS optimizarán la estabilidad de la red en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cubriendo demandas pico y aumentando la confiabilidad del sistema eléctrico.
Además, la compañía ha expandido su presencia en energías limpias mediante adquisiciones y construcciones en curso:
- Parque Solar Cafayate (Salta): Adquirido recientemente por aproximadamente US$50 millones, cuenta con 80 MW de potencia instalada y genera 220 GWh anuales, equivalente al consumo de 56.400 hogares. Opera desde hace seis años, ubicado a 10 km de la ciudad de Cafayate.
- Parque Eólico Alamitos (cerca de Bahía Blanca): En construcción, con 111 MW de potencia y generación anual de 500 GWh, suficiente para abastecer a 128.200 hogares. Requiere una inversión de US$140 millones y entrará en operación hacia fines de 2027.
- Parque Solar San Carlos (Salta): Próximo a Cafayate, con 15 MW de potencia y 45 GWh anuales (para 11.500 hogares). Inversión de US$20 millones, con operación prevista para fines de noviembre de 2025.
Estos proyectos no solo diversifican el portfolio de Central Puerto, sino que contribuyen a la transición energética del país, promoviendo fuentes renovables y soluciones innovadoras para la red eléctrica.
Compromiso Internacional y Visión Local
La IFC, principal institución de desarrollo enfocada en el sector privado de mercados emergentes, comprometió en su ejercicio 2025 un récord de US$71.700 millones para empresas e instituciones en países en desarrollo. "Esta carta mandato refleja el compromiso de IFC en inversiones estratégicas en el sector eléctrico de Argentina y de fortalecer la estabilidad y confiabilidad del sistema energético", afirmó Manuela Adl, Senior Country Manager de IFC para Argentina. Agregó: "Al buscar el apoyo para los primeros sistemas de almacenamiento de energía en baterías a escala de red del país y avanzar en nuevos proyectos de energías renovables, queremos fomentar la innovación en el mercado, garantizando al mismo tiempo una energía confiable, asequible y sostenible para todos".
Por su parte, Fernando Bonnet, CEO de Central Puerto, destacó: "Es fundamental que estas inversiones se realicen bajo los más altos estándares ambientales, sociales y financieros. Estamos convencidos de que este camino consolida el liderazgo en la transición energética y aporta soluciones concretas para garantizar un suministro más seguro, sostenible y accesible".
Este acuerdo representa un hito para el sector privado argentino, alineándose con los objetivos globales de descarbonización y resiliencia energética, en un contexto de creciente demanda y desafíos climáticos.
