El Gobierno nacional presentó el “Plan de Gestión de Demanda”, una iniciativa destinada a evitar sobrecargas en el sistema eléctrico durante los períodos de mayor consumo en verano. El programa busca incentivar a grandes usuarios, como shoppings, industrias y comercios de alta escala, a disminuir su demanda eléctrica en momentos críticos, ofreciendo compensaciones económicas en lugar de imponer obligaciones.
Sin embargo, la medida llega en un contexto de vulnerabilidad crónica del sistema energético argentino, marcado por décadas de falta de mantenimiento e inversiones insuficientes en la red eléctrica. Las sobrecargas, especialmente durante olas de calor, generan apagones masivos que afectan la vida cotidiana, el transporte público, el comercio y la salud pública. Entre las consecuencias más graves se encuentran daños a electrodomésticos por picos de voltaje, caos vial por fallos en semáforos, interrupciones en el suministro de agua y ascensores varados, y pérdidas económicas millonarias para hogares e industrias. En casos extremos, como el apagón nacional de 2019, se registraron problemas de refrigeración de medicamentos y riesgos para personas dependientes de equipos médicos, exacerbando desigualdades sociales.
En los últimos años, Argentina ha sufrido al menos una docena de apagones significativos por sobrecarga o fallas relacionadas, según datos del ENRE y reportes de medios. Destacan el apagón masivo de junio de 2019, que dejó sin luz a 50 millones de personas en Argentina, Uruguay y Paraguay durante 14 horas debido a una sobrecarga en líneas de Yacyretá; el corte de marzo de 2023 por incendio en la red, afectando a 20 millones en Buenos Aires y provincias vecinas; y en 2025, dos apagones masivos en marzo en el AMBA, impactando a más de un millón de usuarios cada uno por fallas en líneas de alta tensión, en medio de una ola de calor con sensaciones térmicas de 44°C. Estos incidentes se suman a cortes recurrentes en verano e invierno, con un aumento del 200% en la duración promedio de interrupciones desde 2014, según expertos.
Los barrios más predispuestos a sufrir estas consecuencias son aquellos con infraestructura obsoleta y alta densidad poblacional, principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), destacan la Comuna 4 (incluyendo La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya), con un promedio de 2,17 cortes por usuario por semestre y hasta 30 horas sin luz anuales. Otros afectados frecuentes son Balvanera, Almagro, Caballito, Monserrat, San Nicolás, Boedo, Villa Lugano y Recoleta. En el Conurbano bonaerense, los distritos de San Vicente y Cañuelas lideran con cortes prolongados y recurrentes, sumados a zonas sur y oeste como La Matanza, Merlo, Lomas de Zamora y Esteban Echeverría, donde la falta de renovación de redes agrava el impacto durante picos de demanda.
La medida, establecida por la Resolución 379/2025, se dirige a usuarios con potencias registradas de 300 kW o más (GUMA, GUME, GUDI). Estos podrán reducir su consumo hasta 14 días al año, en bloques de no más de 5 horas diarias, durante los períodos de diciembre a marzo y junio a agosto, considerados críticos para el sistema eléctrico. A cambio, recibirán pagos de hasta 1.000 dólares por megavatio (MW) al mes por comprometerse a reducir su consumo, y hasta 2.000 dólares adicionales si se les solicita hacerlo efectivamente. Sin embargo, el incumplimiento podría implicar penalidades de hasta 3.000 dólares mensuales por MW.
Según estimaciones de Cammesa, si se logra reducir hasta 1.000 MW de potencia, el costo anual del programa superaría los 50 millones de dólares, lo que podría incrementar el Precio Estacional (PEST) en 0,34 dólares por MW/hora, equivalente a un 0,6% del total de la demanda. Para los usuarios, participar en el plan representaría un crédito mensual del 20% en su factura, aunque los costos asociados se trasladarían a las reservas del sistema, lo que podría impactar en las tarifas o los subsidios.
El especialista Horacio Mizrahi advirtió que un programa similar implementado el año pasado no logró los resultados esperados. Además, señaló que la demanda máxima reciente alcanzó los 30.257 MW, y se espera que en el verano esta cifra aumente en al menos 500 MW, lo que resalta la importancia de medidas efectivas para evitar colapsos en el sistema.
El plan, que combina incentivos y penalidades, busca garantizar la estabilidad del suministro eléctrico en momentos de alta demanda, pero su éxito dependerá de la adhesión de los grandes usuarios, mayor inversión en infraestructura y una planificación integral para mitigar los riesgos en las zonas más vulnerables.
