En un revés judicial que expone las tensiones del ajuste fiscal, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 84/2026 publicado en el Boletín Oficial, reglamentando la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (N° 27.793) tras la intimación del juez federal Adrián González Charvay. La medida declara la emergencia por un año —prorrogable por otros 12 meses—, garantiza financiamiento para prestaciones, pensiones no contributivas, actualización periódica de aranceles y estipendios, regularización de deudas con prestadores y un nuevo marco de acceso y permanencia en las pensiones, suspendiendo así los recortes que afectaron gravemente al sector.
El fallo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, emitido en diciembre de 2025, declaró inválida la suspensión ejecutiva de la ley —impuesta vía Decreto 681/2025— y fijó el 4 de febrero de 2026 como plazo límite para su plena implementación. El magistrado calificó de “falaz” el argumento oficial de falta de partidas presupuestarias, recordando que el Ejecutivo puede reasignar recursos. Aunque el Gobierno apeló y aclaró en el decreto que actúa “sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir ni prestar conformidad” con los fundamentos judiciales, procedió para evitar incumplimiento de deberes de funcionario público.
La ley, aprobada por el Congreso en julio de 2025 con amplio consenso bipartidista, fue vetada por Milei. El veto fue rechazado por dos tercios en ambas cámaras en septiembre de 2025, y un nuevo intento de derogación vía Presupuesto 2026 también fracasó. El sector discapacidad —uno de los más golpeados por la “motosierra” libertaria junto a educación, salud pública, jubilaciones y salarios estatales— sufrió cierres de centros, interrupción de terapias, falta de transporte y exclusión escolar para miles de niños y familias.
Valentina Bassi, actriz y madre de un adolescente con autismo, celebró la reglamentación pero mantuvo la presión: “Ya tenemos ley reglamentada y no ley suspendida”. “Ojalá que los centros que están cerrando y los que ya cerraron puedan rever la situación, porque muchas familias ya se quedaron sin terapias, sin transporte y sin escuelas para sus hijos este año”, publicó en redes. En entrevistas posteriores advirtió: “No vamos a ceder ni un milímetro de los derechos de nuestros hijos” y “hasta que las soluciones concretas no lleguen y los profesionales cobren lo que tienen que cobrar, no vamos a parar”, destacando que la crisis actual es “calamitosa” y ya no mera emergencia, sino “colapso”.
El contexto se agrava por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que Milei planea disolver transfiriendo funciones al Ministerio de Salud. Su ex titular, Diego Spagnuolo —amigo y exabogado del presidente—, fue eyectado en agosto de 2025 tras filtración de audios que revelan presunto sistema de sobornos en compras de medicamentos a través de droguerías, implicando a Karina Milei (hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia) y a Eduardo “Lule” Menem. El caso, con denuncias penales y allanamientos, es calificado como el mayor escándalo de corrupción de la gestión y motivó críticas de “plan de impunidad” por parte de la oposición.
Expertos y organizaciones ven en esta reglamentación un precedente contra políticas de shock, aunque el Gobierno evalúa insistir en derogaciones judiciales para leyes similares (como financiamiento universitario o emergencia pediátrica). Familias afectadas exigen aplicación efectiva inmediata para revertir daños acumulados en medio de inflación y crisis económica.
