En un impactante testimonio ante un juez federal en Minnesota, una abogada del ICE confesó que la agencia sistemáticamente incumple con mandatos judiciales para liberar a inmigrantes detenidos sin antecedentes penales, durante la controvertida Operación Metro Surge. Esta revelación, que expone fallos sistémicos en la aplicación de la ley de inmigración en EE.UU., ha generado protestas masivas y renuncias internas, destacando la crisis humanitaria en comunidades inmigrantes.
La audiencia, celebrada el 4 de febrero de 2026, vio a Julie Le, abogada del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), admitir con frustración: "El sistema apesta. Este trabajo apesta". Le explicó al juez Jerry Blackwell que, pese a más de 600 peticiones de habeas corpus desde enero, la agencia ignora rutinariamente órdenes de liberación, requiriendo correos constantes, amenazas y hasta consideraciones de renuncia para forzar el cumplimiento. Esta confesión surge en el contexto de la Operación Metro Surge, lanzada en diciembre de 2025, que ha resultado en detenciones masivas en Minneapolis, incluyendo a inmigrantes sin historial criminal, y ha provocado violencia y muertes de ciudadanos estadounidenses como Renee Good y Alex Pretti durante intervenciones federales.
Le, quien se sintió "sin entrenamiento" para su rol y carente de directrices claras en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), reveló que ha amenazado con dimitir para presionar a la agencia. "Estoy aquí porque intento asegurarme de que la agencia entienda lo importante que es cumplir todas las órdenes judiciales", declaró. En un momento de desesperación, incluso pidió ser declarada en desacato para "dormir 24 horas". El juez Blackwell respondió con firmeza: "Una orden judicial no es consultiva ni condicional... No es algo que una agencia pueda tratar como opcional", enfatizando el daño humano a los detenidos injustamente.
Esta operación, justificada por presunto fraude en centros de cuidado infantil en la comunidad somalí, ha desplegado más de 2.000 agentes federales, generando terror en las comunidades. Incidentes incluyen un migrante saltando de un tercer piso para escapar, caminando descalzo en temperaturas bajo cero; una mujer arrodillada con su bebé suplicando por su esposo; y la detención de un niño de cinco años, Liam Conejo Ramos, junto a su padre, quien fue liberado solo por orden judicial tras ser transferido a Texas. El DHS negó intenciones de apuntar a niños, pero las redadas han llevado a que el 80% de los residentes eviten iglesias, escuelas y hospitales por miedo a las patrullas.
El escándalo ha escalado con renuncias de fiscales como Ana Voss, citando fallos operativos y falta de comunicación interna. Anteriormente, el juez Patrick Schiltz acusó al ICE de violar 96 órdenes en 74 casos, ordenando la comparecencia del director interino. El 4 de febrero, se anunció la retirada de 700 agentes federales de Minneapolis, tras protestas y cooperación local, pero la crisis moral persiste, con Le destacando una "falta de entrenamiento y coordinación" que socava la justicia.
Comunidades afectadas, como la liderada por el pastor Sergio Amezcua, distribuyen toneladas de alimentos semanalmente sin verificar estatus migratorio, mientras familias sufren trauma colectivo. Las hijas adolescentes de Amezcua confunden repartidores con agentes del ICE, ilustrando el pánico generalizado. Esta admisión expone no solo incumplimientos legales, sino una agencia en caos, cuestionando la efectividad y humanidad de las políticas de inmigración bajo la administración Trump.
