En un desarrollo que profundiza la crisis institucional en Brasil, el Ministerio Público Militar presentó formalmente ante el Tribunal Superior Militar la solicitud de expulsión del expresidente Jair Bolsonaro y cuatro altos mandos de las Fuerzas Armadas, argumentando que son indignos de conservar sus rangos tras la condena firme por intento de golpe de Estado. Este pedido, hecho público el 3 de febrero de 2026, representa un paso inédito en la historia castrense brasileña y podría culminar en la "muerte ficticia" simbólica de estos oficiales, borrándolos del escalafón militar.
La fiscalía castrense fundamenta su petición en la sentencia del Tribunal Supremo Federal (STF) de septiembre de 2025, que impuso a Bolsonaro —capitán del Ejército en la reserva— una pena de 27 años de prisión por liderar una conspiración para abolir violentamente el Estado de derecho, asesinar autoridades clave —incluido el juez Alexandre de Moraes— y perpetrar un complot para retener el poder tras perder las elecciones de 2022 contra Luiz Inácio Lula da Silva. Junto al expresidente, enfrentan el mismo destino tres generales de cuatro estrellas y un almirante, con condenas que oscilan entre 19 y 27 años por conspirar contra el orden constitucional.
El Tribunal Superior Militar, el más antiguo de Brasil con más de 200 años de existencia, inició el proceso este martes con un tribunal mixto de 15 miembros —diez militares y cinco civiles—. La institución actúa como garante de la ética y profesionalismo castrense, y por primera vez juzga a oficiales de tan alta graduación condenados en la justicia civil por delitos contra la democracia. De confirmarse la expulsión, los implicados perderían galones, honores y beneficios asociados al rango, aunque Bolsonaro conservaría su pensión vitalicia —alrededor de 13.000 reales mensuales (unos 2.580 euros)— que pasaría a sus familiares directos en caso de fallecimiento.
Entre los acusados destaca el general Walter Braga Netto, exministro de Defensa y candidato a vicepresidente en 2022, quien ya enfrenta mayores riesgos por haber instigado acoso contra oficiales que se mantuvieron leales a la Constitución. La "muerte ficticia" implicaría no solo la pérdida simbólica del estatus militar, sino también la imposibilidad de cumplir condena en prisiones castrenses de menor rigor.
Este juicio se desarrolla en un contexto político cargado: el hijo del expresidente, el senador Flávio Bolsonaro, prepara su candidatura presidencial para octubre de 2026, desafiando la posible reelección de Lula da Silva. Expertos señalan que el tribunal ha sido históricamente más severo con delitos que afectan directamente a la institución militar que con aquellos contra civiles, lo que genera incertidumbre sobre el fallo final. La presidenta civil del tribunal, Maria Elizabeth Rocha, podría definir empates a favor del reo.
El caso expone profundas fracturas en las Fuerzas Armadas brasileñas tras los eventos del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia. Brasil ha condenado a más de 1.200 personas por su participación en esa trama golpista, con penas que contrastan con la impunidad relativa en otros países. La solicitud de expulsión envía un mensaje contundente: las instituciones militares no tolerarán intentos de subvertir la democracia ni la sumisión del poder armado al civil.
Mientras Bolsonaro permanece en la cárcel de máxima seguridad de Papuda en Brasilia, recibiendo visitas de aliados, este proceso podría redefinir el legado del exmandatario y el rol de las Fuerzas Armadas en la política brasileña por décadas.
