La Universidad de Columbia anunció este miércoles un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para pagar más de 200 millones de dólares en un plazo de tres años, tras amenazas de la administración del presidente Donald Trump de retirar fondos federales por presunta falta de diligencia en la protección de estudiantes judíos.
El acuerdo, que también incluye el pago de 21 millones de dólares para cerrar investigaciones de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), permitirá restablecer miles de millones en subvenciones federales suspendidas o canceladas en marzo de 2025.
En un comunicado, Columbia afirmó que el acuerdo resuelve múltiples investigaciones federales sobre supuestas violaciones de leyes antidiscriminación. "Bajo el acuerdo de hoy, la gran mayoría de las subvenciones federales que fueron canceladas o suspendidas se restablecerán, y el acceso de Columbia a miles de millones de dólares en subvenciones actuales y futuras se restaurará", señaló la institución. La presidenta interina, Claire Shipman, destacó que el acuerdo "fue cuidadosamente diseñado para proteger los valores que nos definen" y para normalizar la relación de investigación con el gobierno federal, preservando la autonomía en contrataciones, admisiones y decisiones académicas.
El pacto llega tras un período de tensión generado por protestas propalestinas en el campus en 2024, donde estudiantes judíos denunciaron intimidación y falta de protección por parte de las autoridades universitarias. Estas manifestaciones, que incluyeron enfrentamientos con la policía y la ocupación de edificios, llevaron a Columbia a imponer sanciones a casi 80 estudiantes, incluyendo expulsiones y retiros de grados. La universidad también se comprometió a reforzar la seguridad en el campus para evitar futuras protestas en espacios académicos y a proporcionar información a las autoridades federales sobre acciones disciplinarias contra estudiantes con visado o registros de arrestos relacionados con actividades criminales.
El acuerdo es visto como una victoria para la administración Trump, que ha acusado a universidades de élite de promover ideas izquierdistas. En una publicación en redes sociales, Trump agradeció a Columbia por "hacer lo correcto" y advirtió que otras instituciones enfrentarán consecuencias similares. La Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts, también enfrenta presiones del gobierno por amenazas de recortes de fondos federales debido a acusaciones similares de antisemitismo en su campus.
Otros casos en universidades prestigiosas
Columbia no es la única institución de élite bajo escrutinio. En los últimos años, universidades como Harvard, Yale y la Universidad de Pensilvania han enfrentado investigaciones federales por presunto manejo inadecuado de denuncias de antisemitismo, especialmente tras protestas relacionadas con el conflicto entre Israel y Palestina. En 2024, Harvard fue objeto de críticas por su respuesta a protestas propalestinas, lo que llevó a la renuncia de su presidenta, Claudine Gay, tras acusaciones de no abordar con firmeza el antisemitismo en el campus. Yale, por su parte, enfrentó demandas de estudiantes judíos que alegaban un ambiente hostil, mientras que Penn perdió donaciones significativas de benefactores que acusaban a la universidad de tolerar discursos antisemitas. Estas instituciones han implementado medidas como revisiones de políticas de conducta estudiantil y mayor seguridad en los campus, aunque ninguna ha alcanzado un acuerdo financiero de la magnitud de Columbia hasta la fecha.
Reacciones y controversias
El acuerdo de Columbia también ha generado controversia. Mahmoud Khalil, un destacado activista propalestino y estudiante de la universidad, demandó a la administración Trump por 20 millones de dólares tras ser detenido por agentes de inmigración durante varios meses en un centro en Luisiana, a pesar de tener residencia legal permanente y estar casado con una ciudadana estadounidense. Khalil ha seguido alzando su voz contra las políticas de la universidad y del gobierno.
Aunque Columbia no admitió irregularidades en el acuerdo, la institución subrayó su compromiso con su misión académica. "Nuestra institución debe centrarse en cumplir su misión académica para nuestra comunidad", afirmó en un comunicado. Sin embargo, críticos argumentan que el acuerdo podría sentar un precedente para que el gobierno federal ejerza mayor control sobre las universidades, especialmente en temas de libertad de expresión y autonomía académica.
El caso de Columbia marca un hito en las tensiones entre el gobierno federal y las universidades de élite, en un contexto de creciente polarización política y social en Estados Unidos.
