En un nuevo golpe de efecto en materia de seguridad y justicia, el Gobierno de Javier Milei obtuvo el dictamen de mayoría para reformar el régimen penal juvenil en Argentina, bajando la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para delitos graves como homicidios, robos con violencia y abusos sexuales. Esta iniciativa, impulsada por la exministra Patricia Bullrich, genera fuerte controversia y se debate hoy en la Cámara de Diputados, en medio de acusaciones de "marketing" y críticas por su impacto en los derechos de los adolescentes.
El oficialismo, representado por La Libertad Avanza, junto a aliados como el PRO, la UCR y bloques provinciales, reunió 81 firmas en un plenario de comisiones para avanzar con el proyecto que busca "fomentar la responsabilidad legal" en los adolescentes y promover su "resocialización e integración social". La propuesta establece un tope de 15 años de prisión para los menores de entre 14 y 18 años, eliminando la reclusión perpetua y priorizando sanciones alternativas, con la privación de libertad como último recurso. "Delito de adulto, pena de adulto", es la consigna de Bullrich que impulsa esta reforma, presentada como una respuesta firme a la delincuencia juvenil en un contexto de creciente inseguridad.
Sin embargo, la oposición no tardó en cuestionar la medida. Desde Unión por la Patria, la diputada Victoria Tolosa Paz la calificó de "consigna vacía e inconstitucional", mientras que Myriam Bregman del Frente de Izquierda la tildó de "barbaridad marketinera y falsa". En el debate comisional, se presentaron cinco dictámenes alternativos: dos de rechazo total, dos que también bajan la edad a 14 pero con matices, y uno de Unión por la Patria que mantiene los 16 años como límite, con penas máximas de 10 años, acceso a libertad condicional tras la mitad de la condena y prohibición de prisión preventiva salvo excepciones.
Expertos y técnicos que expusieron ante los legisladores rechazaron mayoritariamente la baja de edad, argumentando que no resuelve las causas profundas de la delincuencia y podría vulnerar derechos humanos. El proyecto, impulsado desde julio de 2024, llega al recinto tras la reciente aprobación en el Senado de la reforma laboral, y se trata en una sesión especial convocada para este jueves 12 de febrero de 2026, junto a la ratificación del acuerdo Mercosur-UE. Si se aprueba, representaría un cambio radical en el sistema de justicia para menores, vigente desde 1980.
Esta reforma se enmarca en la agenda de seguridad del Gobierno, que busca endurecer penas y responder a demandas sociales por mayor control del delito. No obstante, organizaciones de derechos humanos alertan sobre el riesgo de criminalizar la pobreza y sobrecargar el sistema penitenciario sin inversiones en prevención. El debate promete ser intenso, con el oficialismo confiado en sus números para obtener la media sanción.
