En un explosivo informe que sacude las bases de la política migratoria en Estados Unidos, Amnistía Internacional (AI) alerta sobre graves violaciones de derechos humanos en centros de detención de migrantes como "Alligator Alcatraz" y el Centro de Internamiento de Krome North, en el corazón del estado del sol. Bajo el mandato del gobernador Ron DeSantis, estos sitios se han convertido en "pruebas de crueldad" con condiciones nauseabundas, torturas y deshumanización sistemática, afectando principalmente a migrantes de países como México, Guatemala, Honduras, Venezuela, Haití, Nicaragua, Cuba, El Salvador, Colombia y Ecuador, entre otros orígenes centroamericanos y caribeños que representan el grueso de los detenidos en Florida 2025.
La denuncia, titulada "Tortura y desapariciones forzosas en el estado del sol: violaciones de Derechos Humanos en el Alcatraz de los Caimanes y Krome", pinta un panorama de horror que no deja indiferente: encadenamientos constantes, encierros en "cajas" de castigo de apenas 60 centímetros cuadrados sin agua ni luz, y hacinamiento extremo que transforma celdas en infiernos insalubres. "Es un patrón de desatención deliberada diseñado para deshumanizar y castigar", advierte Ana Piquer, directora regional de AI para las Américas, en un llamado que resuena como grito de auxilio para la región. ¿Cuánto más puede tolerar el mundo este "sistema de crueldad" disfrazado de control fronterizo?
Castigos que rayan en la tortura: voces desde el abismo
Imaginemos el testimonio de un detenido en "Alligator Alcatraz", apodado así por su ubicación rodeada de caimanes y sin supervisión federal del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). "Permanecíamos encadenados incluso fuera de la celda, como animales", relata uno de los entrevistados por AI. Otros describen la "caja" –una estructura claustrofóbica con manos y pies atados al suelo– como un castigo que dura horas, dejando secuelas físicas y mentales. Sin agua, sin misericordia, estos tratos constituyen tortura pura, según el informe, que documenta detenciones arbitrarias y un uso abusivo de poderes de emergencia para justificar la barbarie.
En Krome North, gestionado por una empresa privada pese a pertenecer al ICE, el panorama no mejora. Hacinamiento que viola estándares básicos, inodoros tapados con materia fecal invadiendo áreas de sueño, falta de duchas, iluminación constante que impide el descanso y averías en el aire acondicionado que convierten el lugar en un horno. "Las personas recluidas denuncian desatención médica grave: negación de tratamientos y exámenes, incluso en casos de emergencias", detalla AI. Amy Fischer, directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de AI en EE.UU., no escatima palabras: "Condiciones despreciables y nauseabundas que reflejan un patrón para castigar a quienes buscan seguridad". Y remata con una pregunta que clama justicia: "¿Dónde está la supervisión?".
Este horror no es aislado. Desde enero de 2025, Florida ha triplicado las detenciones migratorias –un aumento del 50%– con leyes "extremas y discriminatorias" aprobadas en febrero, alineadas a la agenda antiinmigrante del gobierno de Donald Trump. Solo entre junio y agosto, el estado firmó 34 contratos sin licitación por 360 millones de dólares para "Alligator Alcatraz", cuyos costos anuales rozan los 450 millones, mientras recorta fondos en salud, alimentación y emergencias. "Priorizar la crueldad sobre el bienestar público es desolador", sentencia el informe, que vincula estos abusos a un "campo de pruebas" para políticas racistas que amenazan comunidades enteras.
Un mosaico de orígenes: el rostro humano de la crisis
Los detenidos en estos centros provienen mayoritariamente de la región latinoamericana y caribeña, huyendo de violencia y pobreza. Según datos de operaciones ICE en Florida 2025, como la masiva Operación Tidal Wave que arrestó a más de 1.100 personas, los países de origen incluyen México (líder en cifras), Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela (con miles perdiendo estatus TPS), Cuba, Haití, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, República Dominicana, Jamaica, Afganistán y otros asiáticos en menor medida. Estas nacionalidades representan el 72% de los sin historial criminal, atrapados en un limbo de reclusión prolongada y aislamiento arbitrario. "Todas las personas en detención están sufriendo", enfatiza Fischer, humanizando estadísticas que gritan por cambio.
Llamado urgente: cierre ya y fin a la impunidad
AI no se queda en la denuncia: exige el cierre inmediato de "Alligator Alcatraz", la prohibición de todos los centros estatales de detención, el fin al uso indebido de emergencias y la redirección de fondos a atención médica, vivienda y ayuda humanitaria. "El gobierno de EE.UU. debe investigar exhaustivamente muertes, torturas y abusos bajo custodia, cumpliendo normas internacionales", urge la ONG. "Debemos dejar de detener a nuestra comunidad inmigrante y optar por políticas humanas y respetuosas".
Este escándalo irrumpe en medio de una ofensiva nacional: el DHS lanzó la Operación Catahoula Crunch en Nueva Orleans, enfocada en migrantes centroamericanos y mexicanos, mientras California contraataca con un portal para denunciar abusos federales. La Casa Blanca, por su parte, suspendió solicitudes de inmigración de 19 países –incluyendo Cuba, Venezuela y Haití– paralizando green cards y ciudadanías. ¿Es este el "sueño americano" que prometían? La región entera debe alarmarse: lo de Florida no es un caso aislado, sino un aviso de lo que acecha.
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