En plena efervescencia del Día Nacional de la Discapacidad, las avenidas de Buenos Aires, Rosario y Córdoba estallaron en un clamor unificado contra un gobierno que recorta el 30% del presupuesto para la Agencia Nacional de Discapacidad, dejando miles de personas expuestas a la inflación devoradora y prestaciones evaporadas. Una bomba de tiempo económica que transforma derechos en ilusiones, mientras familias luchan por terapias que cuestan fortunas y pensiones que apenas rozan la supervivencia.
El 3 de diciembre de 2025, un cuarto de siglo después de la Ley 25.346 que instauró esta fecha emblemática, el aire se cargó de indignación contenida. No fue una fiesta de logros inclusivos, sino un estruendo de protestas bajo el lema “La emergencia la vivimos nosotros”. Cientos de familias, activistas y trabajadores del sector se congregaron, recordando que el 10,2% de la población argentina –según el Censo 2022– convive con alguna discapacidad, un universo de alrededor de 6 millones de almas que ven sus vidas pendiendo de hilos presupuestarios raquíticos.
Desfinanciamiento brutal
El eje de la furia apunta al desmantelamiento progresivo del sistema de prestaciones. Transportes especializados que se evaporan, terapias truncadas por deudas impagas a prestadores, y Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) que tardan meses en emitirse –con 1,998 millones vigentes a mayo de 2025. Las pensiones no contributivas, clave para la subsistencia, se han vuelto un chiste cruel: en diciembre de 2025, rondan los $224.194 más un bono de $70.000, acumulando un aumento del 31,3% anual frente a una inflación del 29,9%. Pero la realidad golpea: el Presupuesto 2026 anticipa una caída real del 30% en partidas para la ANDIS, con una asignación de $5,21 billones que apenas maquilla el ajuste, y la eliminación de 155.000 pensiones por invalidez. En paralelo, rubros clave sufren tajos del 91,53%, dejando a familias con costos mensuales exorbitantes: medicación entre $200.000 y $400.000, pañales y terapias que superan los $100.000 por hijo.
“Mi hijo requiere 60 sesiones mensuales de kinesiología, pero solo cubren 12 con suerte”, denunció una madre ante el Congreso, con un cartel que gritaba “La discapacidad no es gasto, es derecho”. Desde el oficialismo, repiten como mantra que “revisan programas para eficiencia”, pero para muchos suena a excusa para tijeretazos que profundizan la brecha.
Discriminación rampante
El Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) confirma el horror: la discapacidad lidera las denuncias nacionales, con 35,3% de encuestados sufriendo exclusión en el último año. En el ámbito laboral, el panorama es desolador: el 86% de las personas con discapacidad está desempleada, solo el 32,2% accede a un puesto, y quienes lo logran ganan un 12% menos que el promedio. Casos recurrentes: negativas de obras sociales para cubrir tratamientos –con costos que escalan a $400.000 mensuales en casos intensivos–, falta de accesibilidad en transportes y comercios, y discriminación abierta en entrevistas laborales. “Presentás el CUD y la vacante desaparece”, relató un joven con discapacidad motriz en Plaza de Mayo, tras dos años de búsqueda infructuosa.
Avances tímidos
No todo es tinieblas. En Buenos Aires, la Legislatura impulsa la “Ley Iván”, que impondrá menús en lectura fácil y sistemas de comunicación aumentativa en bares y espacios culturales. Provincias como Córdoba y Rosario organizan jornadas de sensibilización, mientras la reciente Ley 27.793 declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta 2027, prometiendo compensaciones económicas, actualizaciones de prestaciones y foco en rehabilitación. Además, aranceles para prestaciones subieron entre 29% y 35% en tramos de octubre a diciembre de 2025, beneficiando centros de día con valores como $692.258 para jornadas dobles. Escuelas inclusivas y municipios mantienen viva la llama de la integración, aunque el 80% de la población con discapacidad –según la OIT– sigue marginada globalmente.
Al atardecer, las columnas se disiparon sin incidentes, dejando carteles abandonados y sillas de ruedas simbólicas frente al Ministerio de Capital Humano. Queda una verdad inquebrantable: mientras la discapacidad se vea como gasto prescindible y no como inversión en dignidad humana, cada 3 de diciembre será un recordatorio explosivo de inequidades que claman por justicia inmediata.
@ANDIS_arg @MinCapitalAR @CongresoAR #DiscapacidadEnEmergencia #DerechosOlvidados #NoMasRecortes #InclusiónYa #EmergenciaNacional #ProtestasArgentina #VidaDigna
