En un contexto de colapso eléctrico, inflación galopante y 290 protestas en el último año, el informe de la ONG revela 52 testimonios de violencia estatal contra defensoras de derechos humanos y periodistas en Cuba entre 2014 y 2025. Más de 40 mujeres permanecen encarceladas por manifestarse, con amenazas a sus hijos y mayor brutalidad contra negras y pobres.
Amnistía Internacional (AI) presentó este miércoles un devastador informe que expone la represión sistemática y diferenciada que el régimen cubano ejerce contra mujeres activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas independientes. Bajo el título “Nos quieren calladas, pero seguimos resistiendo: prácticas autoritarias y violencia estatal contra las mujeres en Cuba”, el documento recopila 52 testimonios que detallan abusos cometidos por autoridades entre 2014 y 2025.
La organización exigió al presidente Miguel Díaz-Canel el cese inmediato de estas prácticas y la aprobación urgente de una ley integral contra la violencia de género, inexistente hasta ahora en la isla, en un panorama donde el país enfrenta una crisis económica severa agravada por apagones de hasta 96 horas, escasez de alimentos y medicinas, y un repunte inflacionario del 25% al cierre de 2024.
En este contexto de deterioro generalizado, las mujeres se manifiestan con creciente intensidad contra el colapso del sistema electroenergético nacional, el aumento de tarifas de internet por ETECSA que provocó paros universitarios inéditos en junio de 2025, y la inseguridad alimentaria que llevó a Cuba a solicitar por primera vez asistencia al Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Según el informe anual de Justicia 11J, entre julio de 2024 y junio de 2025 se documentaron 290 protestas, un 78% más que el período anterior, muchas en territorios rurales sin antecedentes de disidencia, impulsadas por la radicalización del descontento social. Estas manifestaciones, que incluyen cacerolazos y paros estudiantiles, son reprimidas con detenciones arbitrarias, y al menos el 24% de ellas registraron respuestas estatales violentas.
Entre los patrones de violencia identificados destacan registros corporales invasivos, desnudos forzados, estigmatización por género, orientación sexual o condición de madre, y el uso recurrente de amenazas contra hijos, parejas y familiares para forzar el silencio o el abandono del activismo. La investigadora Johana Cilano Peláez detalló que el régimen instrumentaliza la maternidad como arma, con restricciones a visitas, alimentos y medicinas en prisiones, y comentarios misóginos durante interrogatorios que sexualizan y degradan a las detenidas.
El estudio revela una represión racial y de clase exacerbada: las mujeres negras y aquellas en barrios marginales o provincias alejadas de La Habana sufren violencia física más temprana y severa, con procesos agravados que incluyen traslados punitivos y negación de atención médica. Human Rights Watch reporta que más de 40 mujeres permanecen encarceladas por las protestas del 11J de 2021, muchas incomunicadas y expuestas a torturas, mientras que en 2024-2025 se sumaron al menos 58 feminicidios documentados, en un país sin mecanismos efectivos de denuncia que perpetúan la impunidad.
Casos emblemáticos ilustran esta brutalidad: la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, es detenida semanalmente por exigir la libertad de presos políticos; las intelectuales Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja fueron golpeadas y procesadas por protestas cívicas mensuales; y Brenda Díaz, una mujer trans, cumple 14 años en una prisión masculina por participar en el 11J, violando estándares internacionales. La periodista Luz Escobar, exiliada en España tras años de hostigamiento, relató vigilancia constante, cortes de internet y acoso a sus hijas en la escuela, lo que la obligó a huir. “Denunciar siempre vale la pena. El silencio no te protege: solo te aísla”, declaró.
Amnistía Internacional lanzó una petición internacional dirigida a Díaz-Canel y exigió a la comunidad global mantener una vigilancia sostenida sobre la isla, donde la ausencia de un sistema judicial independiente garantiza la total impunidad de los represores. “Las mujeres defensoras en Cuba son castigadas no solo por alzar la voz, sino también por ser madres, periodistas y lideresas sociales”, afirmó Ana Piquer, directora regional para las Américas de AI.
El panorama es crítico: Cuba lidera el ranking mundial de detenciones arbitrarias por la ONU desde 2019, con 93 casos solo por el 11J, superando a Egipto. En 2025, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condenó la represión persistente, urgiendo la liberación inmediata de detenidos por motivos políticos.
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