Más de 20.000 ciudadanos ya se inscribieron para participar en las audiencias públicas sobre la modificación a la Ley de Glaciares, un récord de participación que obliga al oficialismo a garantizar un debate real, federal y sin atajos administrativos, según reclaman legisladores opositores y organizaciones ambientales.
Organizaciones ambientales y bloques de la oposición celebraron este martes el interés masivo por el futuro de los glaciares y las reservas estratégicas de agua en la Cámara de Diputados. Al mismo tiempo, exigieron a La Libertad Avanza que no limite el proceso ni incurra en irregularidades que podrían derivar en la judicialización de la norma.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción en el Senado, busca autorizar proyectos mineros e hidrocarburíferos en el ambiente periglacial. Mientras el oficialismo y gobernadores cordilleranos impulsan la reforma para destrabar inversiones, la oposición y asambleas ambientales advierten sobre el riesgo irreversible para los ecosistemas y el recurso hídrico vital del país.
En apenas cinco días desde la apertura de inscripciones el 5 de marzo, el cupo superó todas las expectativas. El diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) fue contundente: “Dejen de hacer trampa con la audiencia pública de Glaciares”. En su cuenta de X, el legislador denunció que aún no se publicó el registro de inscriptos, “algo básico para garantizar transparencia y control ciudadano”.
Ferraro detalló además que muchos participantes recibieron primero un correo confirmando su inscripción y luego otro mensaje que solo indica “solicitud recibida”. “Esa picardía administrativa afecta la certeza de quienes quieren participar y debilita la seriedad del proceso”, agregó. El legislador recordó que una audiencia pública exige publicidad plena, acceso a la información y reglas claras. “Si esas condiciones no se garantizan, se compromete la validez del procedimiento. Todas estas irregularidades constituyen causales de judicialización”, advirtió.
Con más de 20.000 inscriptos, cada uno con cinco minutos de exposición, el debate debería extenderse al menos 70 días para ser real. Ferraro exigió ampliar las jornadas “en cumplimiento de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú”.
En idéntico sentido se pronunció la diputada Caren Tepp (Unión por la Patria): “Presentamos una nota pidiendo que la Presidencia publique la lista completa de inscriptos y cumpla con la extensión de días. Porque cuando se discute el agua y nuestros bienes naturales, la participación bajo ninguna circunstancia puede cercenarse”. Tepp reclamó un encuentro “real, federal y plural: ¡que no sea un simulacro!”.
Desde la organización Abogados Ambientales, confirmaron que no se puede “cercenar o vaciar” la audiencia ni aplicar “una selección de expositores”. “No puede aplicarse solo un criterio limitado a las provincias cordilleranas”, subrayó Ferraro. “Esta discusión tiene alcance interjurisdiccional y compromete cuencas hídricas y acuíferos de muchas otras provincias”.
¿Quiénes pueden inscribirse y cómo? La convocatoria es abierta a cualquier ciudadano argentino mayor de edad, desde cualquier punto del país. No se requiere vivir en zonas estratégicas cordilleranas: el carácter federal se garantiza con la modalidad virtual y el impacto nacional del recurso agua. La inscripción se realiza a título personal o representando organizaciones, completando un formulario oficial en la web de la Cámara de Diputados con datos básicos y un resumen de la exposición. El plazo cierra el viernes 20 de marzo a las 20 horas (virtual) o 16 horas (presencial en la Comisión de Recursos Naturales). Quienes participen deberán presentar además su ponencia por escrito en formato PDF.
Las jornadas se desarrollarán el 25 de marzo (presencial, Sala A del Anexo “C”, 10 a 19) y el 26 de marzo (virtual, mismo horario). El oficialismo accedió a abrir el debate, pero la oposición exige que no sea un mero formalismo.
La pelota está en la cancha de LLA. La sociedad ya habló: quiere ser escuchada. Cualquier intento de restringir o dilatar la participación real pondrá en jaque la legitimidad de la reforma a la Ley de Glaciares y abrirá la puerta a la justicia ambiental.
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