Cambio climático, manual de evidencia científica y independencia judicial en jaque: más de dos docenas de expertos denuncian la remoción del capítulo dedicado al calentamiento global del Manual de Referencia sobre Evidencia Científica, una herramienta clave para magistrados en litigios ambientales que ya generan cientos de miles de millones en daños anuales. Esta decisión, calificada como censura política, deja a los tribunales vulnerables ante intereses fósiles. #CambioClimatico #JusticiaClimatica
La independencia del poder judicial estadounidense y la integridad de la ciencia climática se encuentran bajo fuego. Un grupo de 28 coautores del prestigioso Manual de Referencia sobre Evidencia Científica –editado por el Federal Judicial Center (FJC) y las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina– ha lanzado una carta abierta condenando la eliminación del capítulo sobre cambio climático de su cuarta edición, publicada en diciembre de 2025 y actualizada tras 15 años.
Esta obra, referencia obligada desde 1994 con más de 1.300 citas en sentencias, ofrece a jueces, fiscales y abogados un marco objetivo para evaluar pruebas complejas. El capítulo removido, revisado por pares, explicaba la ciencia de la atribución climática y situaba el calentamiento en más de 1,2 grados Celsius por encima de niveles preindustriales, clave en casos donde daños por eventos extremos superan cientos de miles de millones de euros al año.
La presión política estalló el 29 de enero de 2026, cuando 27 fiscales generales republicanos, liderados por el fiscal general de Virginia Occidental, J.B. McCuskey, exigieron la retirada inmediata del texto por considerarlo “sesgado” y favorable a litigios contra estados y corporaciones de combustibles fósiles. El 6 de febrero, la jueza Robin Rosenberg, directora del FJC, cedió y confirmó la exclusión formal.
24 de los científicos que condenan esta remoción –firmantes de la carta abierta publicada el 3 de marzo– son: Chaouki Abdallah (Georgia Tech, capítulo de Ingeniería), Paul S. Appelbaum (Columbia University, Evidencia de Salud Mental), Valema E. Beety (Indiana University, Comparación Forense), Bert Black (SchaeferHalleen, Ingeniería), David Card (UC Berkeley, Regresión Múltiple), Jonathan Chevrier (McGill University, Epidemiología), David DeMatteo (Evidencia de Salud Mental), Shari S. Diamond (Northwestern University, Investigación por Encuestas), James N. Druckman (University of Rochester, Investigación por Encuestas), David L. Eaton (University of Washington, Toxicología), Brenda Eskenazi (UC Berkeley, Epidemiología), Nita Farahany (Duke University, Neurociencia), Steve C. Gold (Rutgers University, Epidemiología), Lawrence Gostin (Georgetown University, Testimonio Médico), Hank Greely (Stanford University, Neurociencia), Michael D. Green (Washington University, Epidemiología), Kirk Heilbrun (Evidencia de Salud Mental), Mary Henifin (Toxicología), Laurie N. Hobart (Syracuse University, Inteligencia Artificial), Matthew Kugler (Northwestern University, Investigación por Encuestas), M. Elizabeth Marder (UC Davis, Evaluación de Exposición), Jane Moriarity (Duquesne University, Comparación Forense), Joe Rodricks (Evaluación de Exposición) y Andrea Roth (UC Berkeley, Comparación Forense).
En su misiva, estos expertos califican la maniobra como un “ataque político directo” y un desafío a la independencia judicial: “Omitir el capítulo priva a los jueces de una explicación neutral y rigurosa. Deja a los tribunales expuestos al cherry-picking y a peritos pagados por intereses creados”.
Los fiscales republicanos argumentaron que el texto ignoraba un informe del Departamento de Energía (DOE) de 2025 –elaborado por un comité de cinco escépticos del clima– y priorizaba los informes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), máxima autoridad global. Los científicos responden que esta comparación genera un falso debate: el IPCC resume el consenso de miles de investigadores mundiales, mientras el DOE ha sido criticado por imprecisiones metodológicas.
Paralelamente, el 28 de febrero de 2026 un juez de Dakota del Norte finalizó un veredicto histórico: Greenpeace deberá pagar 345 millones de dólares a la empresa Energy Transfer por su rol en protestas indígenas contra el Dakota Access Pipeline. Este fallo, que podría llevar a la quiebra a la organización ambientalista, ilustra las consecuencias reales de la falta de guía científica neutral en los tribunales. Sin el capítulo removido, jueces enfrentan casos millonarios con testimonios sesgados, beneficiando a corporaciones fósiles y perjudicando a activistas y litigantes de ambos bandos.
La controversia política-científica sacude el corazón del sistema: mientras activistas como Greenpeace defienden el medio ambiente en las calles y tribunales, la presión republicana busca silenciar el consenso abrumador sobre el cambio climático. El periodismo ha jugado un rol esencial al exponer esta injerencia: investigaciones de ProPublica, The New York Times y Reuters revelaron cómo fiscales y lobbies fósiles coordinaron la campaña, alertando sobre el riesgo de que “todo campo científico relevante en litigios” quede vulnerable a vetos políticos.
Los 28 expertos advierten: “El cambio climático es una realidad física innegable. Silenciar la evidencia no lo hará desaparecer; solo nos deja más desprotegidos”. En un momento en que litigios climáticos colapsan los tribunales, la justicia estadounidense necesita la mejor ciencia disponible, no una versión recortada por intereses particulares. Ignorar esto es hipotecar el futuro. #CensuraCientifica #IndependenciaJudicial #ActivismoAmbiental #LitigiosClimaticos
