En un giro inesperado que sacude el panorama político ambiental, el oficialismo de La Libertad Avanza se retiró abruptamente de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, en plena discusión sobre las controvertidas modificaciones a la Ley de Glaciares. Este episodio, que pone en jaque la protección de reservas hídricas clave, resalta la tensión por inseguridad jurídica en inversiones mineras y la demanda de un proceso democrático participativo.
El incidente ocurrió este 11 de febrero de 2026, cuando el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, denunció públicamente el retiro del bloque oficialista. Según Ferraro, los representantes de La Libertad Avanza –aliados del presidente Javier Milei– abandonaron la sala en medio de reclamos por garantizar la intervención de organizaciones ambientales y la convocatoria a una audiencia pública. "El bloque de La Libertad Avanza decidió 'levantarse y huir de la comisión' mientras se exigía garantizar la intervención de organizaciones ambientales y la realización de una audiencia pública", afirmó Ferraro en su cuenta de X, calificando la acción como una evasión a obligaciones constitucionales.
La Ley 26.639, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y el ambiente periglacial en todo el territorio nacional, posicionándolos como reservas estratégicas de recursos hídricos. El Gobierno de Milei impulsa reformas para redefinir el alcance de las zonas protegidas, argumentando que la norma actual genera inseguridad jurídica y frena inversiones, particularmente en el sector minero de minerales estratégicos. Esto otorgaría mayor autonomía a las provincias en la gestión de sus recursos, pero críticos alertan sobre riesgos para ecosistemas vitales en un contexto de cambio climático.
Desde la oposición, Ferraro enfatizó la necesidad de un tratamiento "democrático, serio, riguroso, amplio y participativo". "Está en juego el recurso más preciado para el futuro del país: el agua", advirtió, invocando el Acuerdo de Escazú –ratificado por Argentina– y la Ley General de Ambiente, que obligan a la participación ciudadana en temas ambientales. El retiro del oficialismo no solo interrumpió el debate, sino que intensificó acusaciones de falta de transparencia y pluralidad en el proceso legislativo, dejando la sesión inconclusa y generando un eco masivo en redes sociales.
Este suceso expone las grietas en el Congreso ante temas de alto impacto estratégico. Mientras el oficialismo busca agilizar cambios para fomentar el desarrollo económico, la oposición y organizaciones ambientales insisten en audiencias públicas para evitar decisiones apresuradas que comprometan el patrimonio natural. El debate por la Ley de Glaciares podría extenderse, con implicaciones para la soberanía hídrica y el equilibrio entre economía y sostenibilidad en Argentina.
