La justicia investiga un nuevo caso de contaminación ambiental en la planta de Atanor S.C.A., una de las principales empresas argentinas de agroquímicos perteneciente al grupo estadounidense Albaugh LLC, ubicada en San Nicolás. Fundada en 1917 como una compañía química nacional, Atanor se especializa en la producción y formulación de herbicidas como glifosato, atrazina y 2,4-D, siendo el mayor exportador de agroquímicos en Latinoamérica y líder en el mercado argentino con ventas estimadas en más de 594 millones de dólares en 2022.
Tras su adquisición por Albaugh en 1997, la empresa expandió operaciones en la región, con plantas clave en Río Tercero (Córdoba), Pilar (Buenos Aires) y San Nicolás, donde genera empleo pero enfrenta múltiples acusaciones ambientales.
En este contexto, se detectó una bomba sumergida que vertía líquidos industriales contaminantes al suelo natural, a pocos metros de la barranca del río Paraná. Este hecho, denunciado por Greenpeace y la Asociación Civil Foro Medio Ambiental (FOMEA), constituye una clara violación de un fallo judicial de 2023 que prohíbe a la empresa realizar este tipo de prácticas. La planta de San Nicolás, dedicada a la síntesis de fitosanitarios, ha sido foco de controversias desde una explosión tóxica en marzo de 2024 que dispersó atrazina en barrios aledaños, confirmando contaminantes en agua y suelo según informes de la Autoridad del Agua (ADA).
La Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) descubrió durante una inspección una conexión clandestina que desviaba efluentes industriales a través de un ducto que debía estar inactivo. Este incidente, según las organizaciones ambientalistas, representa un riesgo inminente de contaminación hídrica en el río Paraná. FOMEA solicitó una nueva medida cautelar para suspender el uso del recurso hídrico por parte de Atanor hasta que se implemente un sistema que garantice el cese de estas prácticas ilegales.
Fabián Maggi, abogado de los vecinos de San Nicolás, afirmó: “Este caso refleja un accionar criminal de Atanor, que no solo contamina, sino que desafía fallos judiciales y pone en riesgo a comunidades enteras. Exigimos la clausura inmediata de la planta y sanciones ejemplares para proteger el río Paraná y la salud pública”. Maggi destacó que la empresa ya fue condenada en primera instancia y ratificada por la Cámara de Apelaciones.
La jueza a cargo, que en 2023 encontró a Atanor culpable de daño irreversible al río Paraná, notificó a la Fiscalía General y a la Fiscalía Federal para investigar posibles delitos, incluyendo desobediencia judicial (artículo 239 del Código Penal) y violaciones a la Ley de Residuos Peligrosos N.º 24.051. El expediente aclara que la empresa solo tenía autorización para volcar efluentes cloacales, no industriales. Actualizaciones judiciales de 2025 incluyen citaciones a indagatoria de gerentes por delitos ambientales graves.
Agostina Rossi Serra, especialista de Greenpeace Argentina, señaló: “Atanor opera con impunidad, repitiendo prácticas ilegales que atentan contra el ambiente y la salud. Este no es un accidente, sino un patrón sistemático de contaminación. La justicia debe actuar con firmeza y el Estado garantizar controles efectivos”. Greenpeace ha documentado múltiples incidentes, como la presencia de atrazina por encima de límites en muestras de agua y hisopados en barrios cercanos.
La jueza ordenó a la ADA un informe detallado sobre el impacto ambiental, incluyendo el tipo y volumen de los líquidos vertidos, las condiciones del suelo y los riesgos asociados. Este caso se suma al expediente de una medida cautelar de marzo de 2024, que había suspendido las actividades de Atanor y fue levantada en octubre. En julio de 2025, la ADA impuso la clausura total preventiva del predio tras confirmar contaminantes como glifosato, atrazina, clorpirifos (prohibido en Argentina), fenoles y metales pesados en muestras. Atanor anunció la relocalización de su producción a Pilar y Río Tercero, argumentando que la unidad de San Nicolás dejó de ser estratégica tras más de un año de inactividad, aunque críticos como Greenpeace advierten que esto traslada el riesgo sin resolver la remediación del sitio contaminado.
Greenpeace y FOMEA insisten en que se refuercen los controles estatales y se apliquen sanciones para evitar que hechos como este se repitan, protegiendo así el río Paraná y los derechos de la población afectada. La empresa, por su parte, ratificó en octubre de 2024 su compromiso con Río Tercero y planes de inversión, negando rumores de cierre total en Argentina pese a presiones macroeconómicas y judiciales.
