En un caso que ha conmocionado a la comunidad de Mar del Sur, las autoridades del Consejo Escolar de General Alvarado fueron imputadas por falsear informes sobre la calidad del agua en el Polo Educativo local, poniendo en riesgo la salud de cientos de alumnos. Los síntomas de vómitos, diarreas y sarpullidos en chicos de una escuela primaria, una secundaria y un jardín de infantes encendieron las alarmas, llevando a los padres a descubrir un grave encubrimiento.
El Polo Educativo, ubicado en las calles 27 y 106, abastecía a sus estudiantes con agua contaminada por bacterias como Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, según un análisis independiente realizado por el laboratorio Aqualab. Este estudio, solicitado por los padres tras repetidos casos de gastroenteritis en 2024, reveló que el agua no era apta para consumo humano. Sin embargo, las autoridades escolares presentaron informes falsos con membrete de la Universidad Nacional de Mar del Plata, asegurando que el agua era potable.
La presidenta Carolina Palacios, la vicepresidenta Adriana Parodi, el tesorero Fernán Gorostiza y el contratista Ezequiel Bravo enfrentan cargos por defraudación a la administración pública, uso de documento público falso y suministro de agua nociva. Además, los funcionarios del Consejo Escolar son acusados de incumplimiento de deberes de funcionario público. El fiscal federal Carlos Martínez, respaldado por el juez Santiago Inchausti, ordenó que los imputados no puedan salir del país ni acercarse a menos de 500 metros del Polo Educativo, además de embargar sus bienes.
La investigación, iniciada hace cuatro meses tras la denuncia de un padre, reveló que las autoridades sabían del problema y utilizaron documentos apócrifos para encubrirlo. Un padre descubrió que la perito química supuestamente firmante de los informes estaba de licencia por maternidad en las fechas indicadas, confirmando el fraude. Allanamientos recientes secuestraron celulares y documentos que están siendo analizados para avanzar en la causa.
A pesar de que las autoridades educativas aseguran que un nuevo pozo y trabajos en el tanque resolvieron el problema, los padres desconfían y suspendieron la asistencia de sus hijos a clases, exigiendo certificaciones confiables. El programa "Agua segura", que proveía agua embotellada, fue cancelado recientemente, intensificando las preocupaciones de la comunidad.
Este escándalo pone en evidencia una grave falla en la responsabilidad de las autoridades educativas y deja un mensaje claro: la salud de los niños no puede ser negociable
