El gobierno de San Juan, liderado por el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, emitió un contundente mensaje al Gobierno Nacional, exigiendo la reglamentación de la Ley de Glaciares, una medida crítica para desbloquear proyectos mineros de clase mundial como Vicuña y Pachón. Perea advirtió que, sin una legislación clara, estas iniciativas, esenciales para la economía provincial, no podrán avanzar.
En el programa Es lo que hay de Canal 13, Perea afirmó: “Hasta tanto no exista una clarificación en la legislación que hace referencia a los glaciares, no va a poder pensarse en que arranquen proyectos como Vicuña, Pachón o algún otro”. Además, destacó que esta indefinición también obstaculiza la implementación del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), vital para el desarrollo económico de la región.
Un reclamo provincial que toma fuerza
Por primera vez, San Juan elevó el tono de su reclamo. Las autoridades sostienen que la Ley de Glaciares, aprobada en 2010, es ambigua y frena inversiones millonarias en el sector minero. Perea reclamó una reglamentación que diferencie técnicamente entre glaciares que son reservas activas de agua –intocables– y los glaciares de escombros o permafrost, que no cumplen una función hídrica significativa. “El objetivo es proteger efectivamente lo que se debe proteger, y eso no se toca. Pero no se puede frenar todo indiscriminadamente”, subrayó.
La ley actual prohíbe actividades que afecten cuerpos de hielo y permafrost, pero no especifica categorías ni niveles de impacto, generando un margen de interpretación que paraliza los proyectos. Perea propuso adoptar la clasificación de la Asociación Internacional del Permafrost, que distingue los glaciares blancos, como el Perito Moreno, de los glaciares de escombros. “Un glaciar no se mueve ni se rompe ni se extingue. Lo que hay que resguardar es la reserva activa de agua que aporta”, explicó.
Proyectos estratégicos en espera
La falta de claridad legislativa mantiene en pausa proyectos clave como Vicuña (que incluye Josemaría y Filo del Sol) y Pachón, ambos con un enorme potencial en cobre. En el caso de Vicuña, ubicado en Iglesia, la proximidad del glaciar G110 representa un obstáculo directo, ya que se requiere una normativa precisa que delimite la zona de exclusión. Pachón, en Calingasta, enfrenta un escenario similar. Por su parte, Los Azules, otro proyecto relevante, lucha por obtener financiamiento en un contexto de incertidumbre legal.
El planteo sanjuanino busca un equilibrio: proteger las reservas hídricas sin detener la minería, motor económico de la provincia. Perea fue enfático: “Lo que aporta agua no se negocia, no se toca”, pero insistió en que la indefinición política nacional pone en riesgo oportunidades estratégicas.
Empresas detrás de los proyectos
Los proyectos Vicuña y Pachón son impulsados por importantes actores del sector minero internacional:
- Vicuña (Josemaría y Filo del Sol): Este proyecto es gestionado por Vicuña Corp., una empresa conjunta formada en enero de 2025 por Lundin Mining Corporation (Canadá) y BHP Group Limited (Australia), cada una con un 50% de participación. Lundin Mining, con sede en Vancouver, es una de las principales empresas mineras de Canadá, especializada en cobre, zinc y níquel. En Argentina, además de su participación en Vicuña, posee una participación mayoritaria (70%) en la mina Caserones, ubicada en la región de Atacama, Chile, pero cerca de la frontera con San Juan. BHP, con sede en Melbourne, es la mayor empresa minera del mundo por capitalización de mercado y opera en más de 90 ubicaciones a nivel global, con un enfoque en cobre, hierro y carbón metalúrgico. En Argentina, su presencia se centra principalmente en Vicuña, consolidando su interés en el cobre para la transición energética. La formación de Vicuña Corp., con una inversión de US$2.000 millones por parte de BHP, busca desarrollar un distrito minero de clase mundial que integre Josemaría y Filo del Sol, ubicados a solo 10 km de distancia en la frontera entre Argentina y Chile.
- Pachón: Este proyecto es operado por Glencore, una multinacional con sede en Suiza, conocida por su liderazgo en la producción y comercialización de metales y minerales, incluyendo cobre, zinc y carbón. El Pachón, ubicado en Calingasta, es un proyecto de cobre de gran escala en etapa de prefactibilidad. Glencore también participa en Argentina en el proyecto Mara (en Catamarca), una iniciativa conjunta con Yamana Gold (Canadá) y Newmont (EE.UU.), que se encuentra en etapa de exploración avanzada.
Voces que refuerzan el reclamo
El referente minero Mario Capello se sumó al planteo, recordando en la red social X que desde 2014 él y el Grupo Sarmiento (desde 2022) vienen exigiendo la reglamentación de la Ley de Glaciares, una normativa sin precedentes a nivel mundial. “Dicha propuesta fue elaborada con fundamentos legales, técnicos y científicos irrefutables”, afirmó, en línea con sus declaraciones en Paren las rotativas de Tiempo de San Juan.
El 10 de septiembre, en un debate conjunto de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado y la Comisión de Minería de Diputados, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, alertó que “el 75% de los proyectos de cobre necesitan que el tema glaciares se resuelva”. Explicó que la ley, aunque titulada de “glaciares”, abarca crioformas, un concepto amplio que incluye formaciones sin relevancia hídrica. “Todos estamos de acuerdo en proteger los glaciares”, afirmó, pero señaló que la norma es “lo suficientemente confusa como para impedir cualquier tipo de actividad productiva”, no solo minera.
San Juan urge al Gobierno Nacional a actuar para destrabar estos proyectos, que podrían posicionar a la provincia y al país como actores clave en la producción global de cobre, un metal esencial para la transición energética y el desarrollo económico.
