El Gobierno de Santa Fé intervino en el Departamento 9 de Julio tras detectar la tala no autorizada y frenó una obra industrial sin permisos ambientales. La justicia ordenó medidas cautelares y la empresa responsable enfrenta un proceso legal.
En un operativo que pone en el centro la defensa del medio ambiente, el Gobierno de Santa Fe clausuró un predio en el distrito de Logroño, Departamento 9 de Julio, tras comprobar el desmonte ilegal de 47.5 hectáreas de bosque nativo clasificado como Categoría I - Zona Roja, de máxima conservación según la Ley Provincial N° 13.372. La empresa Algoservicio S.A., dedicada al procesamiento de algodón y liderada por el empresario belga Vincent Prignon, fue señalada como responsable de la infracción, que incluyó el inicio de una planta algodonera sin el obligatorio Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
La irregularidad fue detectada gracias al Sistema Nacional de Alerta Temprana de Deforestación, una herramienta clave que utiliza imágenes satelitales para monitorear en tiempo real la pérdida de bosques protegidos. Este sistema, que procesa reportes quincenales y cubre el 80% de las áreas boscosas protegidas del país, permitió identificar la tala no autorizada. Tras recibir la alerta, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe actuó con rapidez: intimó a la empresa a cesar el desmonte, clausuró el predio y ordenó la paralización total de las obras. Además, presentó una denuncia que derivó en una acción de amparo colectivo ambiental, respaldada por la Procuración General de la Corte Suprema provincial.
El Juzgado de Distrito Civil, Comercial y Laboral de Tostado dictó una medida cautelar contundente: prohibió cualquier intervención en el área afectada, ordenó el retiro inmediato de maquinarias y materiales de construcción, y exigió a Algoservicio S.A. abstenerse de realizar nuevas acciones en el predio. “No se puede instalar una industria sin gestionar los permisos que exige la provincia, ni actuar sin responsabilidad ambiental”, afirmó el ministro de Ambiente, Enrique Estévez. “En Santa Fe promovemos la producción, pero siempre dentro del marco de la ley”, añadió, subrayando que los bosques clasificados como “rojos” tienen protección extrema, donde prácticamente no se permite intervención alguna.
Un caso que enciende alarmas
El caso no solo expone una violación ambiental, sino que reaviva el debate sobre los límites de la expansión agroindustrial y la preservación de recursos naturales. En el Departamento 9 de Julio, la deforestación ha sido alarmante: en los últimos 30 años, se perdieron más de 100 mil hectáreas de bosque nativo, dejando apenas entre 11 mil y 12 mil hectáreas en pie, lo que representa una reducción del 90% del bosque original. La acción del Gobierno santafesino se suma a otros esfuerzos, como la reciente moratoria de desmontes en Santiago del Estero, impulsada por organizaciones ambientalistas que desde hace décadas denuncian la tala indiscriminada para cultivos como la soja, que ocupa el 60% de las tierras deforestadas en el norte argentino.
El secretario de Medio Ambiente, Marcelo Terenzio, fue claro al señalar que la intervención en el predio de Algoservicio S.A. y en otro caso en la estancia Los Guasunchos SA, donde se frenó el desmonte de 4.500 hectáreas, no son hechos aislados, sino parte de una estrategia integral. “No se trata de frenar el desarrollo agroindustrial, sino de hacer cumplir las leyes y avanzar hacia un ordenamiento territorial sustentable”, explicó Terenzio. Este enfoque incluye la coordinación con los Ministerios de Producción y Asuntos Hídricos, además de mesas de diálogo con productores y profesionales para diseñar políticas de desarrollo sostenible.
El impacto de la deforestación
La protección de los bosques nativos, regulada por la Ley Nacional de Bosques (Nº 26.331), no es solo una cuestión ambiental, sino una necesidad para preservar la biodiversidad, los suelos y los recursos hídricos. “Cuidar los bosques no es un capricho: es proteger el agua, los suelos y la vida de las generaciones futuras”, enfatizó Estévez. La deforestación ilegal, como la detectada en Logroño, contribuye a la impermeabilización del suelo, aumentando el riesgo de inundaciones en un 50% según estudios recientes, y agravando los efectos del cambio climático, como sequías e inundaciones más intensas. Un ejemplo reciente es el desborde del río Salado en 2024, que inundó la ciudad de Santa Fe, un evento en el que especialistas señalan al desmonte indiscriminado como un factor clave, responsable del 30% de la intensificación de las inundaciones.
El Sistema Nacional de Alerta Temprana de Deforestación, con reportes quincenales accesibles al público, ha sido fundamental para detectar estas irregularidades. “Esta tecnología nos permite actuar rápido y fomentar la participación ciudadana en la defensa de nuestros bosques”, destacó el ministro. Además, el Gobierno provincial promueve la Ventanilla Única para Inversiones, que asesora a empresas para garantizar el cumplimiento de normativas ambientales, especialmente en temas como la gestión hídrica y la conservación de bosques, que representan el 20% de la captura de carbono en la región.
Hacia un modelo productivo sostenible
La intervención en el Departamento 9 de Julio es un mensaje claro: Santa Fe apuesta por un modelo productivo que equilibre el desarrollo económico con la protección ambiental. Terenzio subrayó la importancia de institucionalizar estas políticas para ofrecer seguridad jurídica a los empresarios y reglas claras para las inversiones. En este sentido, el Gobierno trabaja en una ley provincial de ordenamiento territorial que defina dónde es posible realizar emprendimientos industriales y dónde no, en articulación con comunas y municipios.
Organizaciones como Fundapaz y otros actores sociales han respaldado estas medidas, que buscan revertir décadas de desorden en la gestión de los recursos naturales. “Reconocemos el problema, tenemos el diagnóstico y ahora avanzamos hacia un desarrollo económico que no comprometa los recursos naturales ni la prosperidad de las comunidades rurales”, afirmó Terenzio.
El caso de Algoservicio S.A. y Los Guasunchos SA marca un precedente en la lucha contra el desmonte ilegal y refuerza el compromiso de Santa Fe con la sustentabilidad. Mientras la justicia avanza en el proceso, el Gobierno provincial insiste: “Cuidar los bosques es una obligación legal, moral y una estrategia para el futuro”. Según datos oficiales, la provincia ha logrado reducir la tasa de deforestación en un 15% en los últimos cinco años, pero aún enfrenta el desafío de recuperar al menos 10 mil hectáreas de bosque nativo para 2030.
