El Senado de la Nación aprobó este jueves la modificación a la Ley de Glaciares (Ley 26.639), impulsada por el Gobierno de Javier Milei, en una votación que se extendió por más de diez horas y generó fuerte polémica ambiental. Con 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención, el proyecto obtuvo media sanción y ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde podría definirse el futuro de los glaciares argentinos como reservas estratégicas de agua dulce.
La reforma a la Ley de Glaciares redefine los criterios de protección del ambiente periglacial y delega en las provincias la facultad exclusiva para identificar, mediante estudios técnico-científicos, qué glaciares y geoformas actúan como reservas hídricas estratégicas. Según el oficialismo, estos cambios fortalecen el Inventario Nacional de Glaciares –en coordinación con el IANIGLA– y aplican con mayor precisión el principio precautorio, permitiendo actividades productivas en zonas que no cumplan funciones hídricas relevantes, sin alterar la prohibición de proyectos extractivos que afecten glaciares protegidos.
“Proteger no debe ser paralizar”, sostuvo la senadora Patricia Bullrich durante el debate, en línea con el argumento del Ejecutivo de compatibilizar preservación ambiental con el desarrollo de la megaminería de cobre y litio, clave para atraer inversiones extranjeras.
El punto de mayor controversia surgió por las modificaciones de último momento incorporadas al dictamen. El senador por La Pampa Daniel Bensusán (Unión por la Patria) denunció en pleno recinto que el oficialismo entregó copias impresas de los cambios apenas minutos antes del tratamiento en particular —incluso durante las exposiciones de los miembros informantes—, sin debate previo en comisión ni explicación formal. “Recibimos un papel con modificaciones que nadie había discutido; es una vergüenza”, afirmó Bensusán, comparándolo con irregularidades similares en otras leyes recientes. La oposición calificó el procedimiento como “desprolijo” y “regresivo”, argumentando que introduce incertidumbre jurídica en una materia de presupuestos mínimos ambientales.
Sin embargo, la oposición y organizaciones ambientalistas cuestionan duramente la iniciativa. Denuncian que la reforma de la Ley de Glaciares flexibiliza la protección vigente desde 2010, otorga discrecionalidad a las provincias y favorece a multinacionales mineras como Barrick Gold, Glencore y BHP. “Se pasa de un paradigma científico a uno discrecional abierto”, advirtió la senadora Anabel Fernández Sagasti. Greenpeace irrumpió en el Congreso con la consigna “No se caguen en el agua” y denunció represión policial durante la protesta.
Especialistas alertan que los glaciares y el ambiente periglacial constituyen los principales reservorios de agua dulce del país, vitales para consumo humano, agricultura, biodiversidad y recarga de cuencas en regiones como la Cordillera de los Andes. La modificación aprobada en el Senado podría abrir miles de hectáreas a la explotación, en un contexto de retroceso glaciar acelerado por el cambio climático.
El proyecto incluye modificaciones de último momento al dictamen para mayor claridad técnica –como la exigencia de “elementos técnico-científicos” y la garantía de participación ciudadana–, pero los críticos sostienen que genera incertidumbre jurídica donde antes existía certeza científica y constitucional.
Con esta aprobación, el Gobierno de Milei suma un nuevo triunfo legislativo tras la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero el debate se traslada ahora a Diputados, donde ambientalistas y bloques opositores ya preparan la resistencia. El futuro de los glaciares argentinos –y del agua que proveen a millones de personas– queda en suspenso.
