En un conflicto de intereses que sacude la agenda ambiental de Bolivia, activistas e indígenas alertan sobre la presencia de influyentes empresarios agroindustriales en posiciones clave de medio ambiente, en medio de crecientes preocupaciones por la deforestación en Bolivia y los incendios forestales que devastaron millones de hectáreas en 2024. Esta denuncia resalta los riesgos para la Amazonia boliviana y los derechos indígenas, exigiendo transparencia en un sector vital para combatir el cambio climático.
El reciente gabinete del presidente Rodrigo Paz, conformado en noviembre de 2025, ha desatado una ola de críticas por la inclusión de figuras ligadas a la agroindustria en roles sensibles para la protección ambiental. Óscar Justiniano, expresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y empresario porcicultor, asumió como ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua. Por su parte, Fernando Romero, uno de los mayores productores de soja y exlíder de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), dirige el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente. Estas designaciones, según más de 50 colectivos y organizaciones, representan un claro conflicto de intereses que podría perpetuar la deforestación ilegal y el despojo de tierras indígenas.
Activistas como Stasiek Czaplicki, investigador en temas de deforestación, cuestionan la capacidad de estos ministros para sancionar irregularidades en un sector del que forman parte. "¿Sancionará Justiniano las ilegalidades de sus socios económicos, amigos o colegas de gremios?", se pregunta Czaplicki, enfatizando que en otros países tales intereses directos impiden el acceso a cargos públicos. De igual modo, el abogado ambientalista Rodrigo Herrera denuncia que el gobierno prioriza reuniones con agropecuarios y mineros, ignorando al sector ambiental, mientras el Ministerio de Medio Ambiente otorga concesiones forestales.
La voz de los pueblos indígenas resuena con fuerza a través de la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígena Originario Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap). Ruth Alipaz, vocera e indígena uchupiamona, acusa al agronegocio de violaciones sistemáticas: despojo territorial, contaminación de fuentes de agua y suelo, y pérdida de biodiversidad en regiones como Beni y Santa Cruz. Alipaz cita el Plan de Uso de Suelo de 2019, que destinó el 39,8% del territorio de Beni –una zona clave de la Amazonia boliviana– al uso agropecuario, facilitando la expansión de cultivos como la soja, responsable del 19% de la deforestación en la Chiquitanía según datos del Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo.
El impacto es alarmante: en 2024, los incendios forestales arrasaron 12 millones de hectáreas, exacerbados por prácticas agroindustriales que incluyen el uso intensivo de agua y transgénicos. Alipaz relata el caso de un ingenio azucarero en la reserva natural Madidi, operativo desde 2015, que ha bloqueado caminos indígenas, contaminado ríos y generado escasa producción, con un cierre inminente tras una década de daños irreparables. "Es contradictorio y despojador", afirma, criticando propuestas de la CAO que buscan individualizar títulos de tierra para pequeños agricultores, lo que podría mercantilizar territorios colectivos y permitir a empresas concentrar hasta 80.000 hectáreas mediante embargos.
Estas denuncias no son aisladas. Desde la era de Evo Morales, normativas han sido modificadas para permitir cambios en el uso de suelo en tierras nativas, favoreciendo la expansión agrícola a costa de comunidades ancestrales. Czaplicki advierte que tales medidas éticamente prohibidas hasta ahora concentrarán propiedades en manos de grandes empresas, desplazando a productores indígenas y afectando su identidad cultural.
En un contexto de crisis económica, donde la agroindustria busca sustituir la caída en la producción de gas (un 40% desde 2014), el gobierno enfrenta presiones para aprobar leyes que regulen organismos genéticamente modificados, ofrezcan incentivos tributarios y modifiquen criterios de uso "socialmente útil" de tierras. Sin embargo, activistas e indígenas exigen un giro: mayor interacción con el sector ambiental y la reversión de políticas que perpetúan el despojo territorial.
Este escándalo no solo amenaza la biodiversidad de Bolivia, sino que pone en jaque la lucha global contra el cambio climático. Mientras las protestas se intensifican en La Paz, la sociedad civil clama por accountability en un país donde la deforestación avanza sin freno.
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