En el epicentro de una traición política que apesta a codicia corporativa, Alfredo Cornejo y su UCR vendieron el alma andina al diablo minero, ignorando los derrames apocalípticos de Veladero que envenenaron ríos y comunidades en San Juan. Mientras miles de mendocinos ganaron las calles contra leyes que hipotecan el agua eterna, por migajas tóxicas: una puñalada electoral que podría sepultar al oficialismo en un tsunami de furia popular.
En las venas ardientes de los Andes, donde cada gota de agua susurra secretos milenarios en una tierra reseca y anhelante, decenas de miles de mendocinos irrumpieron como un torrente furioso en las vísperas navideñas de 2025, devorando avenidas con una pasión visceral para blindar sus ríos, glaciares y acuíferos del abrazo letal de la megaminería. Esta insurrección no es mera protesta: es un rugido primal contra decretos que hipotecan el mañana por espejismos de cobre reluciente, en una provincia donde la sequía apocalíptica ha estrangulado caudales al 56% de su media histórica, con rachas infernales de 120 días sin una sola lágrima del cielo, y glaciares que se desangran perdiendo el 36% de su masa en apenas cuatro décadas.
Raíces ancestrales
La agonía hídrica de Mendoza se remonta a cicatrices profundas, talladas desde 1865 cuando sequías legendarias transformaron ríos en espectros polvorientos, impulsando éxodos masivos de pobladores que huían de la sed implacable. En el siglo XX, cataclismos como las sequías extremas de 1910-1917 y 1968-1972 redujeron caudales al 30%, forzando reconversiones agrícolas que devoraban el 97% del agua disponible, mientras la población se duplicaba de 650.000 a 1.200.000 habitantes, diluyendo la reserva per cápita de 106 metros cúbicos anuales a cifras alarmantes. El milenio trajo el espectro de la megaminería en los 2000, con fiebres extractivas que despertaron resistencias titánicas: las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) emergieron en 2006 como un vendaval de rebeldía, bloqueando rutas y encendiendo conciencias hasta forjar la Ley 7722 en 2007, bajo el mandato de Julio Cobos (UCR), una armadura férrea que veta cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y venenos afines, custodiando ecosistemas donde el 30% del agua nacional brota de venas subterráneas. Pero las grietas se abrieron: en 2019, el "Parientazo" estalló cuando Rodolfo Suárez (UCR) osó reformar la ley, desatando hordas de 50.000 manifestantes que doblegaron el edicto en solo días. La Corte Suprema en 2021 la fortificó, mas amputó la cláusula de "otras sustancias tóxicas similares", dejando portillos para el caos. Hoy, en 2025, con glaciares en retroceso acelerado –perdiendo 4.646 km² en áreas protegidas– y una megasequía que azota como la peor en 600 años, las leyes 9684 y 9685, paridas por Alfredo Cornejo (UCR) y promulgadas el 11 de diciembre, desatan el infierno al validar el Cerro San Jorge y 27 proyectos en Malargüe, ignorando alertas de drenaje ácido eterno y contaminación que podría filtrarse a cuencas vitales.
Sed insaciable
El señuelo reluce con promesas de opulencia: PSJ Cobre Mendocino inyecta US$559 millones en inversiones, genera 3.900 empleos en construcción y 2.400 en operación, catapultando a Mendoza al top 10 mundial de yacimientos cupríferos, con 40.000 toneladas anuales de concentrado y regalías al 3% que podrían engrosar arcas provinciales en US$50 millones por año. Salarios jugosos, hasta dos veces el promedio agrícola, y un consumo hídrico minimizado al 0,03% del total provincial, según el oficialismo. Sin embargo, el veneno late en las sombras: esta vorágine beneficiará a titanes foráneos como Zonda Metals (suiza) y Grupo Alberdi, con puestos efímeros ante los 33.000 empleos nacionales en minería, mientras la agricultura –corazón económico con **15% del PBI provincial y 200.000 puestos directos– se marchita bajo sequías que reducen cosechas en 20%. En 2023, Argentina invirtió US$426 millones en exploración minera, pero Mendoza, con 200 empresas y 15.000 empleos indirectos, arriesga ruina: el tajo colosal de 1.700m x 950m x 350m en San Jorge removerá montañas, empleando flotación con xantato de sodio, metil isobutil carbinol y poliacrilamida –tóxicos no explícitamente vetados por la 7722, pero persistentes y letales–. Estudios de la UNCuyo destapan 26 incumplimientos graves: baselines deficientes, divisoria de cuencas ignorada, riesgos de infiltración a acuíferos que abastecen 141 l/s del arroyo El Tigre. En Malargüe, 61 proyectos acechan glaciares y periglaciares, cunas del Río Colorado, con impactos acumulativos que acidifican lluvias, extinguen biodiversidad y elevan cánceres en un 15% en zonas contaminadas. Ejemplos sangrientos: Veladero en 2015 derramó un millón de litros de cianuro, envenenando ríos; Alumbrera, condenada por polución crónica, liberó metales pesados como arsénico, cadmio y plomo, matando vida acuática y triplicando enfermedades en comunidades. El horror invisible: drenaje ácido minero (DAM) acidifica aguas perpetuamente, con pasivos ambientales que cuestan miles de millones en remediación global.
Furia
Desde las 10:30 del 23 de diciembre, el Kilómetro Cero en Plaza Belgrano estalló en una serpiente viva de siete cuadras rebosantes de pancartas incendiarias y cánticos que rasgaban el aire, serpenteando hacia la Casa de Gobierno. Miles –quizá 50.000– de asambleístas de 15 regiones, sindicatos y vecinos autoconvocados fusionaron sus almas en un clamor unísono contra el pillaje, con ecos de "El agua no se negocia" y "No a la megaminería" que hicieron temblar el núcleo mendocino. Represión brutal el 11 de diciembre: gases lacrimógenos, balas de goma, 13 detenidos incluyendo periodistas, en un eco de autoritarismo que aviva la llama. Sin concesiones gubernamentales, esta erupción reverbera mundialmente, desnudando la fragilidad andina. Más allá de trabajos fugaces, acechan contaminaciones irreversibles, sequías exacerbadas –con mendocinos consumiendo 430 litros per cápita diarios, el doble del estándar global– y legados tóxicos eternos. Si no retroceden, bloqueos viales y guerras judiciales –como el primer amparo contra San Jorge– desatarán una nueva revolución, donde el fuego por la tierra inmaculada podría incinerar regímenes enteros.
Esta medida, un puñal en el corazón ambiental, es el estandarte del oficialismo radical (UCR) bajo Alfredo Cornejo, quien eleva la minería a "política de Estado" para inyectar oxígeno económico en una provincia asfixiada por deudas y recesión. Afecta directamente a su propio partido: divide al UCR entre pro-mineros como Cornejo, Suárez y Cobos –quienes impulsaron reformas fallidas– y disidentes que temen el backlash electoral, recordando cómo el "Parientazo" de 2019 erosionó popularidad, forzando derogaciones humillantes. Oposición feroz del Peronismo Justicialista (PJ), Frente de Izquierda (FIT) y Verdes, que votaron en contra en Diputados (32 a 13) y Senado (29 a 6), acusando traición al mandato popular de la 7722. Ambientalistas como AMPAP y FARN, junto a figuras como Enrique Viale, se erigen en vanguardia, mientras legisladores como Hebe Casado (vicegobernadora, pro-minería) enfrentan escraches y hostigamientos. El quiebre podría costarle al UCR votos en futuras elecciones, empoderando a izquierdas y ecologistas, y exponiendo grietas en alianzas como Cambia Mendoza (UCR-PRO), donde la sed de cobre choca con el clamor por agua pura, potencialmente virando el tablero político hacia un giro anti-extractivista que sacuda no solo Mendoza, sino toda Argentina.
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