En un contexto de crisis económica y desempleo rampante, el presidente Javier Milei impulsa reformas clave para eliminar restricciones ambientales, priorizando el extractivismo y atrayendo capitales extranjeros. Palabras clave como reforma Ley de Glaciares, minería en Mendoza y salmonicultura en Tierra del Fuego marcan este giro proempresarial, que genera alarma entre ambientalistas por riesgos de contaminación y retroceso climático.
El Congreso argentino se prepara para debatir en febrero una controvertida reforma a la Ley de Glaciares, norma emblemática sancionada en 2010 que protege reservas hídricas vitales para siete millones de personas en provincias áridas como Mendoza y San Juan. El Gobierno ultra de Milei argumenta que la legislación actual genera "inseguridad jurídica" y frena inversiones, proponiendo evaluaciones provinciales en lugar de prohibiciones absolutas para actividades mineras en áreas sensibles. Esta medida podría desbloquear una decena de los más de 300 proyectos mineros pendientes, potenciando exportaciones y divisas en un país sediento de crecimiento.
Según el Inventario Nacional de Glaciares, Argentina cuenta con 16.968 glaciares, de los cuales 16.078 se ubican en la Cordillera de los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur. Estos cuerpos de hielo se distribuyen a lo largo de unos 3.500 kilómetros en el oeste del país, abarcando provincias como Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Los glaciares andinos representan una reserva hídrica crucial, especialmente en zonas áridas donde alimentan ríos y acuíferos esenciales para la agricultura y el consumo humano.
Sin embargo, estas reformas podrían poner en riesgo a decenas de estos glaciares. Informes oficiales y ambientalistas señalan que al menos 44 proyectos mineros operan o planean operar en entornos periglaciares, violando potencialmente la actual ley al afectar áreas protegidas. Entre los más controvertidos figuran Veladero en San Juan, acusado de contaminar y destruir glaciares mediante el uso de sustancias tóxicas, y Josemaría, también en San Juan, que incumple normativas al impactar reservas hídricas. Recientes estudios alertan sobre 34 proyectos que aceleran el retroceso glacial en la Patagonia y Cuyo debido al calentamiento y la actividad extractiva, con una tasa anual de pérdida de casi 27 millones de toneladas de hielo. Glaciares en provincias como San Juan y Mendoza, vitales para el agua de millones, podrían verse irreversiblemente dañados si se flexibilizan las protecciones.
En paralelo, provincias clave avanzan en el desmantelamiento de barreras. En Mendoza, cuna de la vitivinicultura, la legislatura aprobó recientemente una flexibilización de controles mineros, reabriendo la puerta a la explotación de cobre tras 14 años de bloqueo por resistencia social. Manifestantes irrumpieron este martes frente a la gobernación con consignas como "El agua no se negocia", alertando sobre riesgos de contaminación en una región donde el recurso hídrico es escaso. Ambientalistas como el abogado Lucas Micheloud denuncian un "retroceso histórico", donde derechos colectivos al agua quedan subordinados a intereses económicos.
Más al sur, en Tierra del Fuego, la habilitación de la salmonicultura industrial por un ajustado voto legislativo despierta temores por impactos en ecosistemas únicos, aunque promesas de empleo seducen en un distrito que perdió más de 10.000 puestos laborales en dos años. Expertos como el biólogo Tomás Chalde advierten que el daño ambiental depende de tecnologías como sistemas de recirculación cerrada, pero cuestionan la capacidad estatal para fiscalizarlos.
Organizaciones como Greenpeace y Fundación Vida Silvestre emitieron un alerta conjunto: en medio de sequías y cambio climático, cualquier modificación debe ampliar protecciones, no retrocederlas. Criticos ven en estas reformas un "canje de dinero por naturaleza", insertando a Argentina en la competencia global por minerales y alimentos, contra la voluntad popular mayoritaria.
Este viraje proextractivo ocurre en un panorama donde el desempleo eclipsa a la inflación como principal preocupación, según encuestas recientes. ¿Hasta dónde llegará Argentina en su apuesta por el crecimiento a costa del medio ambiente? El debate apenas comienza, pero las consecuencias podrían ser irreversibles.
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