En un nuevo capítulo de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, el Gobierno argentino ha emitido un enérgico rechazo a la autorización del Reino Unido para la explotación de petróleo en el yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Esta decisión, anunciada por las empresas Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum, implica una inversión inicial de 1.170 millones de dólares y podría extraer hasta 819 millones de barriles de petróleo, avivando tensiones diplomáticas y reclamando acciones inmediatas para defender los derechos soberanos argentinos. Palabras clave para búsqueda: explotación petrolera Malvinas, rechazo Argentina Reino Unido, yacimiento Sea Lion, soberanía Islas Malvinas.
El anuncio, revelado el pasado miércoles a través de un reporte en la Bolsa de Tel Aviv, marca el inicio de la primera fase de desarrollo en un sitio descubierto en 2010, situado a 220 kilómetros al norte del archipiélago y frente a las costas de la provincia de Santa Cruz, alineado con ciudades como Puerto Deseado, Puerto San Julián y Puerto Santa Cruz. Las compañías planean comenzar con la extracción de 170 millones de barriles, alcanzando una producción máxima de 50.000 barriles por día, con el primer petróleo previsto para 2028. Para ello, Navitas instalará un FPSO (unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga) a partir de 2027.
Frente a esta movida unilateral, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina publicó un comunicado oficial calificando la acción como "ilegítima e incompatible" con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a abstenerse de modificaciones mientras dure el proceso de negociación. "Estas medidas constituyen acciones unilaterales e ilegítimas del Reino Unido, incompatibles con lo dispuesto por la Resolución 31/49", se lee en el documento, que también invoca las Leyes N° 26.659 y N° 26.915, las cuales prohíben actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional.
El Gobierno argentino fue contundente al afirmar que "no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia" para tales operaciones. En un tono de advertencia, extendió el mensaje a todas las personas físicas o jurídicas involucradas –incluyendo empresas, entidades financieras, proveedores, aseguradoras y otros actores–: "Toda participación directa o indirecta en actividades de exploración o explotación hidrocarburífera no autorizadas constituye un acto ilícito a la luz del derecho internacional y del ordenamiento jurídico argentino". Quienes intervengan, advierten, quedarán expuestos a medidas administrativas, legales y judiciales, como sanciones, restricciones operativas, inhabilitaciones y acciones en jurisdicciones nacionales e internacionales.
"La República Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos", subraya el comunicado. Además, se destaca que estos anuncios representan "un nuevo acto unilateral de efectos futuros potencialmente irreversibles", dada la naturaleza no renovable de los recursos.
El reclamo no se limita al ámbito nacional: el gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur expresó su "absoluto y enérgico rechazo" al avance británico. Andrés Dachary, secretario de Malvinas de la provincia, compartió en su cuenta de X un comunicado denunciando al "ilegítimo y pretendido gobierno británico" por autorizar la inversión de Navitas en Sea Lion. "Requerimos la intervención inmediata de Nación", exigieron desde la provincia más austral.
Este no es un incidente aislado. En septiembre de 2023, Argentina reiteró su reclamo contra Navitas, empresa ya sancionada en abril de 2022 con 20 años de inhabilitación para actividades hidrocarburíferas en territorio argentino, mediante la Resolución 240/2022 de la Secretaría de Energía. Las operaciones fueron declaradas "ilegales y clandestinas" por carecer de autorización estatal. "Por la gravedad de lo expuesto, y en plena conformidad con el derecho internacional, la República Argentina profundizará su plan de acción con el fin de adoptar todas las medidas adicionales necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos", concluye el Gobierno.
Esta escalada podría desencadenar un conflicto diplomático mayor, con implicancias económicas globales en un contexto de creciente demanda energética. Mientras el Reino Unido defiende su control sobre las islas –ocupadas desde 1833–, Argentina mantiene su reclamo histórico, respaldado por resoluciones de la ONU y el apoyo regional. ¿Hasta dónde llegará esta disputa por los recursos del Atlántico Sur?
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