En las cristalinas aguas del río Uruguay, frontera natural y motor económico para más de 10 millones de habitantes en Argentina y Uruguay, se avecina un conflicto ambiental y económico que podría eclipsar el histórico litigio de las papeleras de Fray Bentos. La multinacional HIF Global, con sede en Houston y respaldada por capitales chilenos (50%), estadounidenses (30%) y europeos (20%), planea una megaplanta de combustibles sintéticos en Constancia, Paysandú, al otro lado del cauce. El proyecto, promocionado como "verde" con una inversión total de US$ 6.000 millones –de los cuales US$ 4.000 millones irán a la planta de e-Fuels y US$ 2.000 millones a renovables como una granja solar de 1 GW (1.162 MW de capacidad)– enciende alarmas rojas en Entre Ríos: temen que sus 450 litros de agua por segundo (equivalentes al consumo mensual de unos 80 hogares uruguayos) devoren el río, contaminen sus termas y conviertan este tesoro binacional, valorado en US$ 1.200 millones anuales solo en turismo y pesca, en un "lago privado" para la industria.
El eco del pasado resuena con fuerza, pero ahora con cifras que multiplican la apuesta. Hace 22 años, la llegada de Botnia –la mayor inversión extranjera en la historia de Uruguay, con US$ 1.200 millones y 8.000 empleos directos e indirectos– desató una guerra diplomática que llegó hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El fallo de 2010 reconoció una violación uruguaya al Tratado del Río Uruguay de 1975 por falta de notificación, pero absolvió daños ambientales probados; sin embargo, generó un boom económico en Fray Bentos con ventas anuales de US$ 300 millones en celulosa, elevando el PIB local en 15%. Hoy, HIF Global repite el guion con escala mayor: producción de 700.000 toneladas anuales de e-metanol (o 256 millones de litros de e-gasolina a partir de 100.000 toneladas de hidrógeno verde), 3.000 puestos de trabajo directos durante la construcción (que inicia en el segundo semestre de 2026, con operación plena hacia 2030) y exportaciones proyectadas de US$ 500 millones anuales en combustibles sintéticos, alineados con la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde de Uruguay (lanzada en 2023, con US$ 15.000 millones en inversiones totales para el sector y meta de exportar 2,5 millones de toneladas de H2 para 2030).
Pero el reverso de la moneda golpea duro a Argentina. El río Uruguay, con un caudal promedio de 5.000 m³/s y cuenca de 340.000 km² que sustenta el 6,5% del PIB uruguayo en agricultura, pesca y silvicultura (US$ 5.300 millones anuales, según Banco Mundial 2024), es vital para Entre Ríos: la pesca comercial genera US$ 150 millones al año con más de 300 especies de alto valor (como surubí y patí), mientras la agricultura ribereña –arroz, citrus y ganadería– aporta US$ 2.000 millones en exportaciones. En Colón, el turismo termal es el rey: en el primer semestre de 2024, los complejos termales entrerrianos recibieron 384.384 visitantes (+12% interanual), con Colón sumando 41.880 solo en enero 2025 (+10,6% vs. 2024). Esto traduce en ingresos por US$ 450 millones anuales para la provincia (con un gasto per cápita de US$ 50 diarios y ocupación hotelera del 80% en picos como octubre 2025), sosteniendo 15.000 empleos directos en hotelería y servicios. "Si los afluentes contaminan –hasta 50.000 m³ diarios de efluentes tratados–, perdemos US$ 100 millones en turismo y 5.000 puestos en un año", advierten ambientalistas, citando estudios que proyectan una pérdida del 20% en biodiversidad fluvial si se viola el tratado.
El intendente de Colón y el senador Rogelio Frigerio ya movilizaron fichas: a inicios de año, al detectar los permisos uruguayos (aprobados en febrero 2025 para la solar), exigieron reubicación inmediata, argumentando que Uruguay rechaza alternativas pese a que el 98% de su matriz energética es renovable (líder mundial). Montevideo cierra filas: "Es el sitio ideal para esta apuesta verde que impulsará el 2% del PIB uruguayo para 2030", replican, con HIF ajustando diseños en julio 2025 para reducir el footprint en 70% y aumentar reservas ecológicas. El Gobierno de Javier Milei guarda silencio oficial, aunque la Cancillería argentina indaga infracciones transfronterizas –sin notificación de impacto, como en Botnia, donde el costo diplomático superó US$ 50 millones en bloqueos y juicios–. Desde el 10 de diciembre, la Cámara de Diputados entrerriana impulsará un pedido formal al Ejecutivo, con legisladores electos alertando que Brasil, origen del 70% del caudal, podría unirse si el consumo de agua (equivalente a 40 millones de m³ anuales para HIF) altera el flujo.
La obra, pactada para cuatro años de construcción, no es solo técnica: es una batalla por un ecosistema que genera US$ 3.500 millones en comercio binacional anual (datos CEPAL 2024). En Argentina, los combustibles sintéticos se fabrican en Córdoba con US$ 800 millones invertidos y cero impacto fronterizo. El informe de Juan Cruz Soqueira en Modo Fontevecchia (5/11/2025) destapa el quid: "¿Garantías? Ninguna. Sin estudios independientes, el río Paraná-Uruguay –con US$ 10.000 millones en servicios ecosistémicos anuales– mutará en zona de riesgo, con contaminación química que costaría US$ 2.000 millones en remediación". Ambientalistas urgen: el reloj corre, y el Uruguay, testigo mudo de US$ 81.000 millones de PIB uruguayo (crecimiento 3,11% en 2024), clama por justicia económica compartida. ¿Milei mediará antes de que el agua –y los dólares– se evapore?
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