Una multa de 200 millones de pesos argentinos (135.000 dólares) por contaminación y excesos ganaderos, sumada a la devastadora plaga de moscas de las frutas, amenaza con sepultar una tradición milenaria que inyecta millones en la economía regional.
Imagina la Cordillera de los Andes, un coloso donde cada verano miles de cabras chilenas cruzan las fronteras para pastar, sosteniendo una economía caprina que genera hasta 98 millones de pesos argentinos por temporada en canon por pastaje y ventas de queso artesanal, y protege a unos 5.000 crianceros de Coquimbo de pérdidas anuales del 40% de su producción caprina, valorada en decenas de millones de dólares. Pero este año, el idilio binacional se desmorona bajo un drama candente: una sanción de 200 millones de pesos argentinos – unos 135.000 dólares – impuesta por San Juan a los crianceros chilenos por violar acuerdos clave. ¿El delito? Introducir más de las 30.000 cabezas de ganado permitidas –con picos históricos de 80.000 en 2015, que generaron 350 millones de pesos chilenos en subsidios regionales–, dejando residuos mal gestionados que contaminan ríos y suelos esenciales para el 30% del suministro hídrico local. Peor aún, la irrupción de la mosca de la fruta, una plaga devastadora, ha encendido las alarmas sanitarias, amenazando exportaciones agrícolas por más de 500 millones de dólares anuales en ambos países.
Conflicto por Coquimbo
El epicentro del conflicto arde en Coquimbo, Chile, donde 5.000 crianceros –principalmente en Monte Patria, con 40.790 cabras y 8.241 ovejas– dependen de las veranadas para sobrevivir a la sequía crónica, que ha diezmado el hato caprino nacional de 370.000 cabezas en 2013 a 172.060 en 2023, un colapso del 53% que golpea el PIB agrícola regional, ya debilitado por una desertificación que afecta al 70% del territorio. En Monte Patria, donde se concentran el 60% de los focos activos de la mosca de la fruta –6 de los 10 brotes detectados–, esta plaga ha devastado cultivos de cítricos, duraznos y uvas, con 3 toneladas de fruta contaminada interceptadas en controles carreteros. La mosca de la fruta pone en riesgo 20 millones de kilos de producción frutícola local, equivalentes a 80 millones de dólares en exportaciones, y genera pérdidas acumuladas de hasta 150 millones de dólares en los últimos cinco años, afectando a 10.000 agricultores y erosionando el 15% del empleo rural en zonas con tasas de desempleo agrícola superiores al 15%. Además, el costo de erradicación –que incluye fumigaciones y trampas fitosanitarias– asciende a 2.500 millones de pesos chilenos anuales, drenando recursos públicos y privados. Sin saldar esta deuda colosal, las fronteras permanecen selladas, cortando el flujo de 13,6 millones de pesos argentinos en ingresos por canon para San Juan y 200 millones de pesos chilenos en subsidios para desparasitación y peajes de 20.000 a 25.000 cabezas de ganado esta temporada. Robinson Layana, líder de la Asociación de Crianceros de Monte Patria –donde 250 productores arriesgan su sustento, tras recibir bonos de emergencia de 1,275 millones de pesos chilenos por familia en crisis pasadas–, clama: "Sin pagar, no hay paso”.
“El gobernador promete negociar con San Juan – prosigue Layana - , pero el silencio nos asfixia. Sin veranadas, el 40% de nuestra producción caprina –clave para quesos que generan 1,5 millones de dólares– se desvanecerá".
El Consejo Regional de Coquimbo inyecta 77 millones de pesos chilenos (81.000 dólares) para desparasitar 50.000 cabezas de ganado menor, en un esfuerzo desesperado por contener daños sanitarios que podrían sumar millones más en multas y pérdidas, como los 55,8 millones de pesos en incentivos otorgados a 279 crianceros en 2023. El drama se intensifica: los crianceros acusan al gobierno chileno y sus 18 servicios burocráticos de asignar cupos insuficientes –20-30% por debajo de la realidad ganadera–, forzándolos a abandonar animales o arriesgar sanciones. "Es una trampa económica que podría colapsar 5.000 empleos indirectos", rugen, mientras el seremi de Agricultura, Christian Álvarez, defiende el pacto binacional: "La responsabilidad es de cada criancero, pero coordinamos con el delegado presidencial y el gobernador para salvar esta temporada, preservando un flujo que evitó quiebras masivas en sequías pasadas".
Motor que genera millones
Las veranadas no son solo tradición; son el motor de una economía rural que genera 1,5 millones de dólares en ventas de derivados lácteos y cueros, beneficiando a 300 familias directamente y sosteniendo el 80% de la producción ovina y caprina en la agricultura familiar. En el frente diplomático, el gobernador regional Cristóbal Juliá acelera negociaciones con San Juan, enviando oficios para desbloquear el paso de 400 crianceros autorizados. "Apoyamos con fondos regionales de cientos de millones, pero urge colaboración para salvar esta epopeya transfronteriza que genera riqueza en tiempos de crisis hídrica", declara, mientras el consejero Denis Cortés exige planificación: "Aprobamos recursos de urgencia para vacunar el ganado; el próximo año debe ser impecable, o el impacto en el PIB local –donde el caprino aporta el 10%– será catastrófico". Si el bloqueo persiste, las pérdidas se dispararán: sin veranadas, el 40% de la producción caprina de Coquimbo colapsará, y la mosca de la fruta podría devastar hasta el 25% de los cultivos frutícolas, generando un impacto económico combinado de 200 millones de dólares, afectando a 5.000 empleos indirectos y exacerbando la pobreza en comunidades donde el 70% de los crianceros dependen exclusivamente de su ganado.
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