Vecinos de Paso Córdoba (General Roca, Río Negro) vienen denunciando desde hace meses que el agua de las canillas luce amarronada con residuos aceitosos, inutilizable para consumo o higiene. El 80% de (unos 200 hogares) tienen este problema, con muestras vecinales confirmando contaminación en octubre de 2025. Organizados en asambleas, realizaron tomas de muestras, bloqueos de ruta (6 de octubre) y reclamos al DPA y ARSA, sin respuestas efectivas. El jueves pasado a las 10:15 horas, se realizó otras movilización frente al Departamento Provincial de Aguas (Mitre y Maipú) con la consigna “Queremos agua, no petróleo”, exigiendo auditorías y soluciones. Como es costumbre, los políticos, miraron para otro lado.
Los conflictos hídricos en Río Negro vienen desde el siglo XIX (escasez por ganadería). Pero ahora se agravaron con el boom petrolero en la Cuenca Neuquina (1920-1950). Desde 1990, con el fracking en Vaca Muerta, se detectan hidrocarburos en napas. En 2019-2020 se declaró emergencia hídrica nacional por contaminación. En Mendoza, la Ley 7722 (2007) prohibió tóxicos en minería tras masivas protestas. En Río Negro, no.
En la cuenca del río Negro, el 25% de napas tiene benceno >10 µg/L (límite OMS), y el 18% MTBE (INA, 2023). El 30-40% de fuentes superficiales supera límites de hidrocarburos. En Paso Córdoba, el 90% de hogares sufre interrupciones y 30% del agua se pierde en la red (EPAS, 2023). El arsénico afecta a ~500.000 personas en Río Negro, con 20-30% de pozos >50 µg/L.
Lo único cierto es que las familias gastan $50.000-100.000 por mes mes en agua alternativa (~20-30% de ingresos promedio de $300.000). Se estima que la contaminación cuesta a Río Negro 200 millones dólares al año en salud y agricultura (10-15% de cosechas dañadas). En Paso Córdoba, 20-30 ha hortícolas pierden ~500.000 pesos año por cada hogar. Remediación de pozos contaminados (como en Luján de Cuyo) cuesta 5-10 millones de dólares por 25-30 pozos. El turismo cae 10-20% por percepción de agua sucia. El extractivismo genera 60% de exportaciones patagónicas, pero externaliza costos: 25% pobreza rural (INDEC, 2024). La movilización busca auditorías, tratamiento de agua (como plantas en Mendoza: 2.800 m³/día) y transición del modelo extractivo. Los políticos aparentemente están fatigados para hacer algo productivo y solucionar los problemas de la comunidad.
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