En un mundo que presume de avances ambientales, la Unión Europea (UE) revela su hipocresía al exportar miles de toneladas de pesticidas prohibidos en su propio territorio, contradiciendo promesas oficiales y poniendo en riesgo la salud global. Según un informe reciente de las ONG Public Eye y Unearthed, en 2024 se enviaron 122.000 toneladas de estos tóxicos a países en desarrollo, un aumento del 50% respecto a 2018.
El escándalo, denunciado por estas organizaciones, expone cómo la UE permite la venta internacional de sustancias vetadas en casa por sus graves riesgos para la salud y el medio ambiente. "Es una doble moral odiosa que representa una forma de explotación moderna", advierte el relator especial de las Naciones Unidas sobre productos tóxicos. Casi el 60% de estas exportaciones van a naciones de renta baja o media, donde regulaciones laxas amplifican los daños: contaminación de aguas, cáncer, infertilidad y declive de polinizadores como las abejas.
Basado en datos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), el informe detalla que 75 pesticidas prohibidos salieron de Europa en 2024, frente a 41 en 2018. En la cima está el Dicloropropeno (1,3-D), con 20.000 toneladas exportadas, un fumigante cancerígeno vetado en la UE desde 2007. Le siguen la Cianamida, sospechosa de causar cáncer y daños reproductivos; los neonicotinoides, asesinos de abejas; el Mancozeb, perturbador endocrino; el Diquat, ligado a envenenamientos en Brasil; el Clorpirifos, que afecta el cerebro infantil; y el Clorotalonil, contaminante de aguas.
Los destinos principales incluyen Estados Unidos y Brasil —que importó 15.000 toneladas—, seguido por otros países latinoamericanos como Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y México. África recibió 9.000 toneladas, con Marruecos y Sudáfrica a la cabeza. Grandes potencias agrícolas como Rusia, China, Australia, India y Japón también figuran en la lista de 93 naciones importadoras.
Entre los exportadores europeos, Alemania lidera con 50.000 toneladas, seguida por Bélgica (15.000), España (12.900), Países Bajos y Bulgaria. Empresas como la alemana BASF dominan el mercado con 33.000 toneladas, junto a Teleos Ag Solutions, Agria, Corteva, Bayer, Alzchem y la suiza Syngenta.
La indignación ciudadana crece: en junio, más de 600 ONG y sindicatos protestaron en Bruselas exigiendo a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, cumplir la promesa de 2020 para prohibir estas exportaciones. Advierten riesgos para consumidores europeos por residuos en alimentos importados y condenan la "pasividad" que erosiona la credibilidad de la UE.
Este comercio tóxico se entrelaza con acuerdos comerciales controvertidos, como el UE-MERCOSUR, firmado en diciembre y en debate, que eliminaría aranceles en 90% de productos químicos, facilitando más exportaciones de pesticidas y importaciones contaminadas. Además, en el 25 aniversario del tratado UE-México, más de 50 organizaciones de ambos continentes lanzaron en septiembre una campaña contra estos "tratados tóxicos", argumentando que profundizan desigualdades y benefician solo a multinacionales, ignorando impactos en agricultura, empleo y ambiente.
En resumen, mientras la UE predica sostenibilidad, su "combo comercial y geopolítico" sacrifica pueblos enteros. Solo la presión civil organizada puede forzar un cambio real hacia una verdadera equidad global.
