En un caso que conmocionó a la comunidad de Mar del Sur (17 kilómetros al sur de Miramar), la Justicia Federal imputó a tres autoridades del Consejo Escolar de General Alvarado y a un prestador privado por falsificación de certificados que encubrió el suministro de agua contaminada en tres escuelas. La investigación reveló que los documentos, que aseguraban la potabilidad del agua, fueron manipulados con sellos falsos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, mientras los alumnos sufrían graves problemas de salud, como vómitos, diarrea, fiebre y hasta internaciones por deshidratación.
Los imputados son Carolina Palacios, presidenta del Consejo Escolar; Adriana Parodi, vicepresidenta; Fernán Gorostiza, tesorero; y Ezequiel Bravo, el contratista privado encargado de la limpieza de tanques de agua. Se enfrentan a graves cargos, incluyendo:
- Defraudación a la administración pública.
- Uso de documento público falso.
- Suministro de aguas nocivas para consumo humano.
- Incumplimiento de los deberes de funcionario público (en el caso de los consejeros).
- Falsificación (para Bravo).
La indignación de los padres no se hizo esperar. “Durante mucho tiempo, a nuestros hijos les dieron agua con mierda para tomar, comer y lavarse”, denunciaron, reflejando el dolor y la bronca de una comunidad traicionada.
Cómo se destapó el fraude
El escándalo salió a la luz a consecuencia de la tenacidad de los padres del Polo Educativo de Mar del Sur, que incluye la Escuela Primaria N°2, la Secundaria N°8 y el Jardín de Infantes N°910. Alertados por los recurrentes problemas de salud de sus hijos, los padres comenzaron a sospechar de los certificados de potabilidad presentados por el Consejo Escolar.
Norberto Lamelas, un padre comprometido, fue clave en la investigación. “Con los chicos no se juega. Se pasó toda raya y límite. Nos dejaron solos”, declaró al Diario La Nación. Lamelas descubrió que los análisis, supuestamente realizados por el Laboratorio de Bromatología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, eran falsos. Al consultar directamente con el laboratorio, una profesional le confirmó: “Imposible esa fecha, estaba de licencia por maternidad”. Los documentos llevaban su firma falsificada.
Mar del Sur carece de red cloacal y agua corriente, lo que agrava la situación. El Polo Educativo depende de un pozo de agua cercano a un sistema séptico, lo que permitió la contaminación de las napas con materia fecal. Desde el año pasado, los padres reportaban síntomas graves en los chicos: vómitos, diarrea, sarpullidos y casos de deshidratación que requirieron internación.
Cansados de las respuestas evasivas, la cooperadora escolar encargó un análisis independiente a la firma Aqualab. Los resultados fueron demoledores: el agua contenía Escherichia coli y pseudomonas, bacterias altamente infecciosas que ponían en riesgo la salud de los niños. Estos hallazgos contradijeron directamente los certificados fraudulentos del Consejo Escolar, que afirmaban que el agua era segura.
Evidencias contundentes
La investigación judicial, liderada por el fiscal Carlos Martínez, reveló que Ezequiel Bravo manipulaba imágenes digitales para crear certificados falsos, utilizando sellos y firmas apócrifas de profesionales de la universidad. Se descubrieron más de 100 análisis falsificados en escuelas del distrito desde 2021. Un mensaje encontrado en el celular de Bravo fue clave: “Le podemos hacer un informe de los otros [colegios] y que le borre el nombre y le ponga EP 2 número 2, para aliviar”. Este texto, leído en la audiencia por el juez Santiago Inchausti, expuso la maniobra.
El fiscal sostiene que los consejeros sabían de la falsedad de los documentos. “Los funcionarios conocían la falsedad del informe de potabilidad desde su confección y uso, y planearon culpar únicamente a Bravo”, afirmó Martínez, señalando que los cuatro acusados actuaron en conjunto.
La comunidad de Mar del Sur permanece en alerta. Los padres decidieron no enviar a sus hijos a clases tras la suspensión del programa “Agua Segura”, que proveía agua embotellada desde marzo. Aunque el Consejo Escolar asegura que un nuevo pozo y tanque garantizan condiciones seguras, las familias exigen documentación fehaciente que lo acredite.
El juez Inchausti dictó medidas contundentes contra los imputados:
- Prohibición de salir del país.
- Restricción de acercarse a menos de 500 metros del Polo Educativo durante 180 días.
- Embargos sobre sus bienes.
Este caso pone en evidencia la negligencia y la falta de controles en la gestión del agua en las escuelas. La comunidad de Mar del Sur, encabezada por padres como Norberto Lamelas, exige transparencia, justicia y, sobre todo, seguridad para sus hijos. Mientras la causa judicial avanza, la pregunta sigue resonando: ¿cómo se permitió que los niños consumieran agua contaminada durante tanto tiempo?
