En un golpe contundente contra la contaminación ambiental, autoridades provinciales y municipales de Entre Ríos ejecutaron una orden judicial en un depósito de residuos en Paraná, revelando un escenario alarmante: 200 toneladas de desechos, acumulados de agroquímicos, aceites y materiales biomédicos. El predio, perteneciente a la firma Las 3E S.R.L. conocida popularmente como "chatarrería Todoni" . Es propiedad de una familia de chatarreros histórica de la capital entrerriana, con la firma directa a la concejala libertaria Romina Todoni y la diputada provincial Débora Todoni. Esta acción expone graves riesgos para la salud pública y enciende el debate sobre el cumplimiento de las normas ambientales en zonas urbanas en expansión.
Relevamiento que desnuda una crisis
El operativo se llevó a cabo el 18 de septiembre pasado, en el terreno ubicado en Avenida Circunvalación José Hernández 2561, un espacio de aproximadamente 3.000 metros cuadrados que acumuló 16 expedientes administrativos por trámites ambientales desde 2005, con multas que superan los $500.000. Una comitiva integrada por 15 funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente de Entre Ríos, autoridades municipales, técnicos especializados y representantes judiciales inspeccionan el sitio bajo la orden de la jueza Gabriela Teresita Mastaglia, de la Cámara de Apelaciones II de Paraná (Sala I).
Durante la, diligencia se relevaron más de 200 toneladas de residuos de diversas categorías, con menos un 15% de clasificación. Entre los hallazgos más índicas figuraron:
- 4 bolsillos de combustibles vacíos con capacidad total de 5.000 litros.
- Más de 50 bidones sin tapa de agroquímicos y fitosanitarios, potenciales de contaminantes suelos y napas freáticas.
- Al menos 20 conservadoras de vacunas biomédicas procedentes del Ministerio de Salud.
- 30 toneladas de fardos de plásticos, 40 toneladas de desechos ferrosos, 50 toneladas de metales y vidrio mixtos, y 10 silo bolsas contaminadas.
Estos materiales, acumulados por más de 50 años de operación, representan una "bomba de tiempo" ambiental, como lo describió Maximiliano Gómez (partido Propuesta Republicana del PRO que pertenece también a la alianza de Juntos por el Cambio), secretario de Ambiente de Entre Ríos. Un informe pericial de 2024 de niveles de contaminantes da cuenta que el predio tenía cinco veces los límites permitidos por el Decreto Provincial 3498/16, afectando la salud de al menos 50 residentes en un radio de 500 metros, con un 30% de reportar problemas respiratorios y dermatológicos. La jueza Mastaglia, en su resolución del 11 de septiembre de 2025 (Expediente No 12.956), ordenó el relevamiento técnico y el embargo de los residuos asignados a la Municipalidad de Paraná como depositaria.
Todo queda en familia
La familia Todoni atesora un frondoso prontuario de presentación, además de contactos políticos de altísimo nivel:
- Causa federal por incumplimiento a la Ley de Residuos Peligrosos No 24.051, en abril de 2025, con posibles sanciones de hasta 10 millones de pesos y penas de prisión de 2 a 10 años de manejo por malversación de al menos 30 toneladas de residuos tóxicos.
- Causa provincial por desobediencia judicial, tras ignorar los consejos de cese de actividades (julio de 2024), traslado de residuos (plazo de 30 días vencido) y recomposición ambiental. Se aplican astreintes diarias de 200.000 pesos desde marzo de 2025, acumulando más de 20 millones de multas en pago
- Denuncia por evasión impositiva, presentada por la Agencia de Recaudación de la Ciudad Autónoma (ARCA) el 14 de septiembre de 2025, por facturación de emisiones "mellizas" y comprobantes apócrifos para justificar compras ilegítimas.
Romina Todoni, concejala de La Libertad Avanza, y su hermana Débora, diputada provincial, hijo sociaciones indirectas de la firma, lo que añade un tinte político al escándalo. Intentos de relocalización, como un Puerto Alvear, fueron descartados por oposición local
Plan de retiro
La empresa presentó un plan de retiro el 5 de agosto de 2025, que prevé un traslado en fases con una duración de hasta 60 días y costos estimados en 2 millones de pesos, bajo supervisión ambiental. Este caso de la urgencia de las políticas ambientales estrictas en Argentina, donde el 20% de los residuos industriales no se gestionan, según datos del Ministerio de Ambiente. Los vecinos, organizados desde hace una década, exigen una "solución definitiva" para mitigar impactos en la salud y el entorno. Sin embargo, la familia Todoni siguió recibiendo los votos de la comunidad. ¿Será este el fin de una era de la impunidad ambiental en Paraná? La comunidad espera respuestas concretas, aunque el escándalo podría afectar las acciones similares en otras provincias.
