Entre 1982 y 1989, la empresa Minera Sánchez Granel Ingeniería S.A., una compañía argentina con sede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, extrajo uranio en la cadena montañosa de Los Gigantes, a 30 km de Villa Carlos Paz, Córdoba, bajo la gestión de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Fundada en 1966, esta empresa pertenece a una persona jurídica argentina dedicada a la construcción de obras de ingeniería civil, servicios relacionados con la construcción y alquiler de maquinaria, según datos oficiales.
Durante esos años, el Complejo Minero Fabril Los Gigantes produjo 206 toneladas de uranio, dejando un pasivo ambiental de cuatro millones de toneladas de residuos radiactivos: 2.400.000 toneladas de colas de uranio, 1.000.000 toneladas de estériles y 600.000 toneladas de mineral marginal. Estos residuos, sólidos y líquidos, permanecen en cinco diques, incluyendo una pileta de decantación and un dique de colas, al pie de la montaña, sin remediación efectiva tras 36 años.
Los vecinos del sur de Punilla expresan temor crónico por un posible derrame de estos residuos hacia el arroyo El Cajón y el arroyo El Cambuche, ubicados a solo 300 metros de los diques. Ambos arroyos alimentan el río San Antonio, que atraviesa cinco comunas y desemboca en el Lago San Roque, fuente de agua potable para Córdoba Capital (a 90 km, con 1.3 millones de habitantes), Villa Carlos Paz (a 30 km, con 75.000 habitantes) y Tanti (a 30 km, con 5.000 habitantes). Un derrame que alcance el arroyo El Cambuche podría afectar el suministro de agua de más de 1.4 millones de personas, además de generar daños ambientales en la flora, fauna y el ganado, como pezuñas de vacas carcomidas por aguas contaminadas, según la Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA). Una catástrofe natural, como un terremoto o lluvias torrenciales, podría desencadenar este escenario, evocando la tragedia de Mina Gerais, Brasil.
Esta semana, el portal No a la Mina alertó que la geomembrana del Dique 3, encargada de la impermeabilización, se había roto, generando pánico en redes sociales y medios, especialmente en Chubut, donde se debate la extracción de uranio. La CNEA desmintió la fractura: “No se ha registrado ninguna rotura reciente en los diques, y no existe riesgo de contaminación ambiental ni en los cursos de agua”, afirmó, mencionando un incidente en septiembre de 2021, cuando vientos de más de 100 km/h dañaron un dique auxiliar de 2003. Este evento, según la CNEA, no tuvo impacto ambiental y fue reparado en 2023 con nueva impermeabilización y refuerzos geotextiles. Actualmente, el dique está íntegro y vacío.
El episodio reavivó la preocupación por el pasivo ambiental. En 1986, durante el funcionamiento del complejo, se detectaron descargas clandestinas de ácido sulfúrico usado en la lixiviación del uranio, contaminando el río San Antonio con aguas de coloraciones verdosas y azuladas. Con precipitaciones anuales de 1000 a 1100 mm, las crecidas han derramado sustancias tóxicas, causando alteración de la flora, mortandad de peces y daños al ganado. Un informe de Telefé (2008) recogió testimonios de vecinos sobre estos impactos. En 2008, el Banco Mundial aprobó un crédito de 30 millones de dólares para la remediación, pero el proyecto quedó inconcluso, y organizaciones como No a la Mina denuncian la falta de avances.
A pesar del riesgo, Los Gigantes es un destino turístico con 400 rutas de escalada deportiva y senderos para trekking, según la Agencia de Turismo de Córdoba. El contraste entre su belleza y el peligro latente urge atender este pasivo ambiental. El uranio, elemento radiactivo de número atómico 92, es clave para reactores nucleares, pero su manejo inadecuado amenaza el medioambiente y la salud de millones de personas en Córdoba.
