Tras diez años de denuncias, allanamientos y negociaciones, la Justicia argentina presentó una acusación concreta contra los directivos de Comarsa (Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A.), señalada por provocar un grave desastre ambiental en Neuquén.
El fiscal jefe de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, imputó a los jerarcas de la empresa por contaminación peligrosa y administración fraudulenta, en una causa centrada en la planta ubicada en el Parque Industrial de Neuquén Oeste (PINO), a solo 2,5 kilómetros del pueblo Unión de Mayo.
Según la Fiscalía, desde 2014, Comarsa acopió y abandonó residuos petroleros, principalmente de YPF, sin tratarlos, generando un pasivo ambiental de proporciones alarmantes. El fiscal estimó que se necesitarían 10.000 camiones para remover las montañas de basura petrolera acumulada a cielo abierto, que contienen hidrocarburos altamente tóxicos como BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xileno), hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) y metales pesados como plomo, bario y mercurio. La empresa, que aseguraba tratar estos residuos, emitía certificados falsos de tratamiento para justificar ganancias, mientras el volumen de desechos crecía sin control, superando su capacidad de manejo.
Imputaciones y embargos
Por el momento, los imputados son Juan Manuel Luis (fundador y director), Héctor Basilotta (directivo), acusados como coautores de contaminación peligrosa y administración fraudulenta, y Federico Ponce (gerente general), señalado como partícipe necesario. La Justicia dispuso embargos sobre los bienes de la empresa y las cuentas personales de los acusados, además de prohibirles salir del país. El fiscal Breide Obeid adelantó que la imputación podría ampliarse debido a la complejidad de los delitos, que involucran presuntas connivencias con funcionarios gubernamentales.
La Fiscalía calcula que el pasivo ambiental dejado por Comarsa supera los 7,35 millones de dólares. Entre 2006 y 2007, Juan Manuel Luis habría obtenido 2,3 millones de dólares en ganancias y honorarios, mientras la empresa continuaba recibiendo residuos peligrosos sin capacidad para tratarlos, en una maniobra que le permitió mantener contratos y eludir controles.
Una década de omisiones
A lo largo de diez años, la Justicia realizó múltiples inspecciones, recolectando muestras de agua y suelo que confirmaron la falta de medidas de seguridad ambiental. Organizaciones como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la asociación de abogados ambientalistas, junto a políticos y comunidades, denunciaron incansablemente la situación. En marzo de 2024, los entonces opositores peronistas Marcelo Zúñiga y Soledad Martínez, hoy aliados del gobernador Rolando Figueroa (Frente Popular Neuquino), presentaron pedidos de informes calificando el caso como “el desastre ambiental más importante de Neuquén”. El actual secretario de Ambiente, Santiago Nogueira, señaló que la planta albergaba hasta hace poco 300.000 metros cúbicos de residuos petroleros sin tratar y que nunca se cumplieron los planes de cierre, biorremediación o traslado de desechos.
Investigación en curso
El juez de garantías Gustavo Ravizzoli prorrogó por tres meses la etapa de investigación para completar peritajes contables y un informe médico forense sobre los riesgos a la salud derivados de los compuestos químicos hallados. Las querellas de la APDH y los abogados ambientalistas apoyaron la solicitud, mientras las defensas pidieron más tiempo para analizar la información técnica. Ravizzoli también extendió los embargos preventivos por seis meses a partir del 15 de agosto y mantuvo la inhibición general de bienes de los imputados. Además, ordenó a YPF proporcionar información solicitada por la defensa, tras una negativa inicial de la petrolera.
Reclamo social
La causa (LEG 178123) avanza en medio de un fuerte reclamo social por los impactos ambientales del tratamiento de residuos petroleros. Comarsa, propiedad de Juan Manuel Luis y Claudio Urcera —conocido en la farándula por ser el suegro de la modelo Nicole Neumann—, enfrenta cuestionamientos de ambientalistas, organizaciones de derechos humanos y comunidades afectadas. La planta de Neuquén, a diferencia de la ubicada en Añelo (en el corazón de Vaca Muerta), es el foco actual de la investigación, pero el fiscal anticipa que el caso podría expandirse.
“Comarsa es una larga historia de mentiras, complicidades e incumplimientos”, resumió Nogueira, reflejando el sentir de quienes, tras una década, ven en esta acusación un paso hacia la justicia ambiental en Neuquén.
