La Municipalidad de Córdoba, a través del Ente de Fiscalización y Control, clausuró este viernes un establecimiento industrial ubicado en la Costanera, a la altura del barrio San Vicente, por arrojar líquidos cloacales al río Suquía, generando una grave contaminación del agua. La medida fue tomada tras una denuncia anónima de vecinos de la zona, quienes alertaron sobre las irregularidades.
El establecimiento, propiedad de Ariel García Furfaro, se dedicaba a la fabricación de productos químicos para la industria textil. Durante el operativo, las autoridades constataron que la fábrica vertía residuos cloacales directamente al río y operaba sin la habilitación comercial correspondiente. El Instituto de Protección Ambiental y Animal (IPA) confirmó el impacto ambiental de estos vertidos, calificándolos como una seria infracción a las normativas vigentes.
Como consecuencia, el municipio impuso una multa y decretó el cierre provisorio del establecimiento, que permanecerá clausurado hasta que regularice su situación administrativa y obtenga las habilitaciones necesarias. Aunque no se han iniciado procesos judiciales contra la empresa, las autoridades indicaron que se evaluará la posibilidad de acciones legales. Desde la Municipalidad destacaron la importancia de la colaboración ciudadana para detectar estas irregularidades y proteger el medio ambiente.
Un problema persistente en el río Suquía
El caso de esta fábrica no es un hecho aislado. El río Suquía, principal curso de agua que atraviesa la capital cordobesa, sigue siendo una cloaca a cielo abierto, pese a las promesas electorales de mejorar las plantas de tratamiento. Desde su naciente artificial en el Dique San Roque hasta su desembocadura en la Laguna de Ansenuza, el río enfrenta constantes vertidos contaminantes. La semana pasada, vecinos de La Calera, en el cruce con Saldán, difundieron un video que muestra el vertido de líquidos cloacales sin tratamiento a la altura de la planta de La Calera, evidenciando la falta de controles.
A pesar de la evidencia, los gobiernos locales, tanto el actual de Rambaldi como el anterior de Rufeil, han ignorado estas denuncias, amparándose en la idea de que las aguas del Suquía son imbebibles y su destino es ser un depósito de desechos. Esta situación se agrava por los megaemprendimientos inmobiliarios habilitados sin control de infraestructura, como los barrios cerrados en las Sierras Chicas, que sobrecargan una red de saneamiento obsoleta. Un ejemplo reciente es la crisis sanitaria de 2022 en Villa Páez, que expuso la sobresaturación de la red cloacal y las irregularidades en la refuncionalización de la planta de Bajo Grande, vinculada a negocios urbanísticos de empresas como Gama, Corporación América y Roggio.
Antecedentes de contaminación en Argentina
La contaminación industrial no es exclusiva de Córdoba. En los últimos años, varias fábricas argentinas han sido clausuradas por daños ambientales:
San Nicolás, 2016: La planta de Atanor, productora de glifosato, fue clausurada parcialmente por arrojar químicos como atrazina al río Paraná. Vecinos denunciaron más de 200 casos de enfermedades, incluido el fallecimiento de una niña por leucemia. Tras multas y medidas de remediación, la empresa reanudó operaciones bajo estrictos controles.
Ramallo, 2022: Ternium Argentina, del grupo Techint, fue investigada por contaminar aguas subterráneas y el río Paraná con metales pesados y PCBs. La Justicia ordenó multas y estudios de impacto ambiental, mientras el proceso penal sigue en curso.
Rosario, 2017: Dos empresas cerealeras fueron condenadas por contaminar con metales pesados y benceno, enfrentando multas y clausuras temporales. Tras cumplir sanciones, reanudaron operaciones bajo supervisión.
Riachuelo, 2011: Acumar clausuró 167 empresas por verter desechos tóxicos, incluyendo cianuro. Grandes compañías como Coto, Coca-Cola Femsa, YPF y Shell enfrentaron multas de hasta ARS 500,000. Muchas regularizaron su situación, pero algunas cerraron permanentemente.
Un estudio de la UBA y la UNR de 2021 señala que solo el 10% de las empresas argentinas tratan adecuadamente sus residuos industriales, evidenciando la magnitud del problema. En Córdoba, la reciente clausura refuerza la necesidad de controles más estrictos y de un compromiso conjunto entre el sector público, privado y la comunidad.
Una política ambiental en deuda
La contaminación del río Suquía refleja una política ambiental deficiente. El incremento de urbanizaciones sin infraestructura adecuada, la falta de control sobre las plantas de tratamiento y el bajo presupuesto destinado al saneamiento agravan el deterioro ambiental. La sanción del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), tanto a nivel nacional como provincial, profundiza esta orientación al priorizar intereses económicos sobre la protección ambiental. Organizaciones y vecinos critican el discurso de “economía circular” del gobierno cordobés como una fachada que encubre una postura antiambiental.
La clausura de la fábrica en San Vicente es un paso hacia la protección del río Suquía, pero el camino hacia su recuperación requiere medidas integrales y un cambio en las prioridades de los gobiernos. La participación ciudadana, como en este caso, seguirá siendo clave para visibilizar y combatir la depredación ambiental.
