En un contexto de transición energética global, el gobierno argentino presentó una iniciativa legislativa clave para fortalecer el sector de energías renovables. Impulsada por la diputada Lorena Villaverde (La Libertad Avanza, Río Negro) y el diputado Martín Maquieyra (PRO, La Pampa), la propuesta busca modernizar el régimen de promoción de la Ley 27.191, que originalmente vencía en 2025, consolidando una política energética de largo plazo.
El proyecto, alineado con la agenda de desregulación y apertura económica del oficialismo, tiene objetivos claros: garantizar estabilidad y previsibilidad para el sector, atraer inversiones extranjeras, diversificar la matriz energética, reducir emisiones contaminantes y modernizar el mercado eléctrico. Desde 2015, la capacidad instalada de energías renovables en Argentina se ha multiplicado por diez, alcanzando récords de generación en junio de 2025. La iniciativa busca capitalizar este crecimiento, proyectando inversiones por más de US$5.000 millones en el corto plazo.
Entre las medidas destacadas, se extienden las exenciones impositivas hasta 2045, asegurando que las fuentes renovables no enfrenten tributos específicos, cánones o regalías, salvo contraprestaciones por tierras fiscales. Además, se fomenta la diversificación tecnológica y geográfica, incentivando la innovación y la expansión de proyectos en todo el país. Un cambio significativo es la eliminación de la compra de energía renovable a través de CAMMESA, priorizando modalidades como autogeneración y compra directa a generadores, comercializadores o distribuidoras.
“Este proyecto es un paso clave para consolidar una política energética moderna, sostenible y atractiva para las inversiones, que fortalezca la seguridad jurídica y promueva el desarrollo económico en un marco de libertad y apertura”, afirmó Villaverde al presentar la iniciativa.
Oportunidades económicas y ambientales
La propuesta incorpora un esquema tipo RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), que ofrece estabilidad fiscal por 20 años, mitigando riesgos políticos y regulatorios. Esto resulta especialmente atractivo para inversores institucionales y fondos soberanos, en un contexto donde el costo nivelado de energía (LCOE) de fuentes eólicas y solares en la Patagonia ha caído por debajo de los US$30/MWh.
Actualmente, la matriz energética argentina depende en un 60% de hidrocarburos. Con esta reforma, se proyecta que la participación de renovables pase del 13% al 30% para 2030, generando ahorros de US$2.000 millones anuales en importaciones de combustibles y creando hasta 50.000 empleos en la cadena de valor. Además, alinea al país con los mandatos ESG (Environmental, Social, Governance) de los inversores globales, fortaleciendo su competitividad frente a vecinos como Brasil (40% de renovables) y Chile (metas del 70% para 2030).
Desafíos y oportunidades regionales
Argentina cuenta con ventajas competitivas, como los vientos patagónicos y la alta radiación solar en el noroeste, pero enfrenta desafíos en infraestructura de transmisión. La iniciativa también se complementa con proyectos paralelos, como el RIGI para hidrógeno verde en Patagonia, que podría atraer US$10.000 millones en exportaciones de bajo carbono.
Con esta reforma, Argentina busca posicionarse como un referente en energías renovables, combinando incentivos económicos, seguridad jurídica y un compromiso con la sostenibilidad para liderar la transición energética en la región.
