La megaplanta de hidrógeno verde más millonaria de la historia uruguaya se planta a 500 metros del río compartido, succiona millones de litros de agua, incinera bosques enteros y apunta sus chimeneas hacia Colón. Una fiscal federal lo denuncia como daño ambiental transfronterizo y revive el peor fantasma binacional: otra Botnia, pero esta vez con Porsche y metanol tóxico de por medio.
Una fiscal argentina enciendió la mecha: el proyecto HIF en Paysandú, el mayor desembolso privado de la historia uruguaya, podría liberar contaminantes letales que crucen la frontera, asfixiando el aire, el agua y el turismo de ambas orillas, mientras revive el trauma de las papeleras y expone un incumplimiento flagrante del Estatuto del Río
La fiscal federal Josefina Minatta irrumpió como un rayo en la calma diplomática. Denunció ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay un daño ambiental inminente causado por la planta de HIF en Paysandú. El megaproyecto, ubicado a apenas 500 metros de la costa uruguaya, frente a la turística Colón, generaría una nube tóxica de emisiones gaseosas, líquidas y visuales que se derramaría sobre territorio argentino. Minatta no titubeó: este coloso industrial viola el Estatuto del Río Uruguay de 1975, que obliga a consultar cualquier obra que pueda alterar el curso compartido. Uruguay ni siquiera activó el mecanismo de notificación previa ante la CARU.
HIF Global, respaldada por un consorcio de gigantes como Porsche, AME (chilena), EIG, Idemitsu Kosan, MOL, JOGMEC, Baker Hughes y Gemstone, planea inyectar más de 5.385 millones de dólares –el mayor flujo de capital privado extranjero jamás visto en Uruguay–. La planta, modular en cuatro fases, alcanzará en 2029 una producción anual de 880.000 toneladas de e-combustibles: 876.000 toneladas de e-metanol y 313.000 toneladas de e-gasolina. Exportará a Europa y Asia por más de 1.000 millones de dólares anuales en plena operación. Durante la construcción movilizará hasta 3.200 empleos; en marcha permanente, unos 600 puestos directos e indirectos. Dos gigawatts de renovables (1.162 MW solares en el Parque Lucía y 1.137 MW eólicos en Elena) alimentarán 1,1 GW de electrolizadores.
El riesgo ambiental
La denuncia es escalofriante. 1.557 metros cúbicos de agua por hora succionados del Río Uruguay –equivalente al consumo mensual de 80 familias–. 951.400 toneladas anuales de biomasa forestal incineradas para generar CO₂ (110 camiones diarios, 33.000 toneladas de cenizas en un relleno de 7,5 hectáreas). Chimeneas, antorchas y calderas vomitarán emisiones atmosféricas y térmicas. La contaminación visual desde Colón será devastadora. Luces nocturnas perturbarán la fauna, especialmente aves migratorias. Los vientos predominantes arrastrarán contaminantes hacia la margen argentina. El metanol final, altamente inflamable y tóxico, representa un riesgo letal. Áreas protegidas como las Islas del Queguay y sitios Ramsar sufrirán impactos irreversibles. Todo esto, sin que Argentina fuera consultada.
Minatta evocó con precisión quirúrgica el conflicto de las papeleras de 2003-2010. Uruguay instaló plantas de celulosa en Fray Bentos sin la consulta obligatoria; Argentina bloqueó el puente, la Corte de La Haya condenó el incumplimiento procedimental pero permitió operar. Hoy, el guion se repite casi idéntico: omisión ante CARU, falta de información completa, riesgo real de degradación del recurso compartido.
El pulso diplomático
Gobierno uruguayo y provincial argentino apelan al diálogo. Frigerio exige relocalizar la planta 30 km tierra adentro para proteger el río, el ambiente y el turismo –la joya económica de la región–. Uruguay insiste en que todo avanza con viabilidad ambiental otorgada. Pero la fiscal exige transparencia total, incluso documentos calificados como secretos, monitoreo binacional de agua y aire, y medidas urgentes para frenar el daño probable.
Este megaproyecto seduce con promesas de descarbonización global, exportaciones millonarias y empleo récord. Pero su sombra oscura –toma indiscriminada de agua, incineración masiva, emisiones cruzadas, impacto visual y lumínico– amenaza con convertir el sueño verde en una pesadilla binacional. El Estatuto del Río Uruguay, firmado hace medio siglo para proteger un bien común, hoy se erige como última barrera ante un tsunami industrial que nadie quiere detener… todavía.
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