En la Amazonía boliviana, un lucrativo y devastador tráfico ilegal de tortugas como las tatarugas (Podocnemis expansa) y petas de río (Podocnemis unifilis) alimenta mercados gastronómicos, ferias locales y ventas en redes sociales, poniendo en jaque la biodiversidad amazónica. Este crimen ambiental involucra el robo masivo de huevos y la matanza de hembras adultas durante la época de desove, con decomisos que superan el millón de huevos anuales en el departamento del Beni, según datos oficiales. Expertos advierten que esta depredación podría llevar a la extinción local de estas especies clave para el ecosistema fluvial, exacerbada por el comercio transfronterizo hacia Brasil y Perú.
En las arenas del río Mamoré, en comunidades como Camiaco y Puerto Siles, pescadores y comunarios extraen huevos de nidos profundos durante la temporada de desove, que va de agosto a diciembre. "Es un ingreso más que tenemos en esta época. Vendemos sus huevos, que es lo que más sale", confiesa un pescador local, revelando la precaria economía que impulsa este delito ecológico. Las hembras de tataruga, la tortuga de río más grande de Sudamérica, depositan entre 26 y 180 huevos por nido, pero los traficantes no dudan en matar a las adultas para obtener carne, aceite y grasa, vendidos como "remedios naturales" en mercados de Trinidad, la capital del Beni. Allí, un huevo se cotiza en 1 boliviano (14 centavos de dólar), mientras que una tortuga viva alcanza los 150 bolivianos (25 dólares).
La magnitud del problema es alarmante: en 2021, las autoridades decomisaron 50.000 huevos en agosto y septiembre, sumados a 5.377 en Trinidad y más de un millón en Puerto Siles, junto con 1.500 tortugas adultas. En 2023, otros 6.000 huevos cayeron en Tajibo. Anualmente, el Beni registra al menos un millón de huevos incautados y 200 tortugas, pero expertos como Pamela Carvajal, bióloga de la Red de Conservación de Tortugas de Bolivia (RCTB), estiman que en Camiaco se comercializan 3 millones de huevos y 100 tortugas al año. "Todo esto exige un análisis y la actualización en torno a los mecanismos de comercio de fauna silvestre en nuestro país", enfatiza Enrique Domic-Rivadeneira, herpetólogo de WCS Bolivia.
El tráfico transfronterizo agrava la crisis. En Versalles, brasileños cruzan ilegalmente para saquear playas, enviando cargamentos a ciudades como Brasiléia y Epitaciolândia. En el departamento de Pando, ríos como el Tahuamanu y Orthon son escenarios de extracciones desde julio, con productos destinados a Puerto Maldonado en Perú. "No hay personal clasificado ni calificado para el control. La Policía ambiental hace muy poco", denuncia Marco Greminger, investigador de la Universidad Autónoma del Beni, señalando la reducción de presupuestos estatales como un factor clave en esta impunidad.
Estas especies, categorizadas como "en peligro" en el Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia, son vitales para la cadena alimenticia amazónica, aportando nutrientes esenciales. Su depredación, combinada con la pérdida de hábitat y el cambio climático, amenaza no solo la biodiversidad, sino también comunidades indígenas como los tsimane, afectadas por avasallamientos territoriales. La Ley 1333 prohíbe la captura y comercio, con penas de hasta tres años de prisión, pero la falta de fiscalización y el uso de redes sociales para ventas clandestinas —como en Facebook— facilitan el delito.
Organizaciones como la RCTB y la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi impulsan planes de conservación, pero urgen mayores recursos. "El aceite de tortuga se puede poner al cabello, lo dejará mejor cuidado. La grasa es para la piel, es como una crema", promociona una vendedora en Trinidad, ilustrando cómo mitos pseudomédicos perpetúan la demanda. Ante esta emergencia, expertos llaman a una acción inmediata para salvar estas guardianas de los ríos amazónicos.
