La Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, en una sesión maratónica que culminó en la madrugada del 20 de febrero de 2026. Con 135 votos a favor, 115 en contra y ninguna abstención, el proyecto de Ley de Modernización Laboral avanzó pese a la fuerte resistencia opositora y un paro general de la CGT. El texto, que modifica indemnizaciones, incorpora el banco de horas y crea el Fondo de Asistencia al Desempleo (FAL), regresa ahora al Senado tras la eliminación del polémico artículo 44 sobre licencias médicas.
En una jornada tensa marcada por protestas en las calles y un debate encendido en el recinto, la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral que busca transformar el mercado de trabajo argentino. El oficialismo y sus aliados —incluyendo La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (PRO, UCR, MID), Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y bloques provinciales— lograron imponer el proyecto con una mayoría clara, tras intensas negociaciones que incluyeron la eliminación del artículo 44, que preveía reducciones salariales por enfermedades o accidentes no laborales.
La votación en general y en particular reflejó la división profunda: mientras el Gobierno celebra una modernización estructural destinada a reducir litigiosidad, bajar costos laborales y fomentar la creación de empleo formal en un país con alto nivel de informalidad, la oposición denunció una precarización masiva y el desmantelamiento de conquistas históricas. Diputados como Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda) calificaron la iniciativa como un "plan de fragmentación de la clase trabajadora", excluyendo a trabajadores de plataformas digitales. Horacio Pietragalla (kirchnerismo) realizó un gesto simbólico al dejar una cadena en el escritorio del presidente de la Cámara, Martín Menem, aludiendo a una "esclavitud laboral".
Desde el oficialismo, figuras como Pablo Outes (Innovación Federal) defendieron la reforma como esencial para el interior del país y las pymes, argumentando que el actual sistema expulsa del empleo formal y genera inestabilidad. El FAL, financiado parcialmente con recursos de aportes jubilatorios, fue uno de los puntos más resistidos por la oposición, que lo tildó de "fondo de despidos".
La CGT rechazó categóricamente el avance y recordó el alto acatamiento al paro del 19 de febrero, advirtiendo que "recién empieza el plan de acción". Con el proyecto ya modificado, deberá volver al Senado —donde obtuvo media sanción semanas atrás— para su revisión. El oficialismo acelera el tratamiento en comisiones y apunta a la sanción definitiva el 27 de febrero, justo antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo, cuando Milei expondrá ante el Congreso.
Esta aprobación representa un triunfo clave para el Gobierno en su agenda de reformas estructurales, pero también profundiza el conflicto con el sindicalismo y la oposición, en un contexto de alta polarización económica y social. El futuro del mercado laboral argentino queda ahora en manos del Senado, donde se espera una nueva batalla legislativa.
