La extensión de vida de Atucha I, proyecto estratégico de energía nuclear en Argentina, ya superó el 50% de ejecución y se consolida como pilar de la seguridad energética nacional, con una inversión de u$s670 millones que permitirá operar la central por 20 años más y abastecer a más de 2,5 millones de hogares.
La reforma regresiva a la ley de glaciares amenaza directamente los ríos amenazados de Argentina, dejando sin protección a más de 35 cursos de agua vitales en 20 provincias afectadas por la megaminería en las nacientes andinas. Esta medida impulsada por el gobierno nacional y gobernadores habilitaría la destrucción de ambientes glaciares y periglaciares, hipotecando la seguridad hídrica nacional.
En un polémico giro de la política energética estadounidense, el presidente Donald Trump ha asignado 1.000 millones de dólares en fondos públicos para detener el avance de proyectos de energía limpia y renovables, una medida que un senador demócrata califica como un ataque directo al bolsillo del consumidor y un beneficio explícito para Big Oil.
En un contexto de crisis climática y escasez hídrica creciente en Mendoza, el departamento de Godoy Cruz se consolida como referente nacional de gestión hídrica innovadora y economía circular bajo la premisa “del descarte al recurso”, un modelo Godoy Cruz que convierte efluentes industriales en vitales insumos productivos y ya inspira a intendentes de todo el país #EconomiaCircularHídrica.
El visionario holandés Boyan Slat, fundador y director de The Ocean Cleanup, ha marcado un antes y un después en la limpieza de océanos al extraer 11 millones de toneladas verificadas de plástico de mares y ríos contaminados, con el ambicioso objetivo de eliminar el 90% de los plásticos flotantes para 2040. Su innovadora barrera de dos kilómetros, el programa 30 Ríos y una inversión inicial de apenas 300 euros que escaló a 2 millones de dólares en crowdfunding global convierten esta historia en el mayor caso de éxito de limpieza plásticos océano de la historia.
En un giro que redefine el debate legislativo sobre la protección ambiental y el desarrollo minero, el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados definió un mecanismo restrictivo para las audiencias públicas de la reforma de la Ley de Glaciares, limitando la exposición presencial o virtual a apenas 200 de los 50.000 ciudadanos inscriptos.
