La reforma regresiva a la ley de glaciares amenaza directamente los ríos amenazados de Argentina, dejando sin protección a más de 35 cursos de agua vitales en 20 provincias afectadas por la megaminería en las nacientes andinas. Esta medida impulsada por el gobierno nacional y gobernadores habilitaría la destrucción de ambientes glaciares y periglaciares, hipotecando la seguridad hídrica nacional.
Un total de 20 provincias argentinas quedarían expuestas al avance extractivista si prospera la reforma a la ley de glaciares. Doce de ellas poseen glaciares y crioformas en su territorio –Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego–, pero el agua fluye sin fronteras: otras ocho provincias de “tránsito” o destino –Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos y Formosa– también sufrirían las consecuencias. Las cuencas hídricas, declaradas “unidad ambiental indivisible” por la ley 25.688, conectan todo el territorio y convierten cualquier ataque en las nacientes andinas en un riesgo nacional.
Entre los ríos amenazados más críticos se encuentran aquellos que nacen en la Cordillera de los Andes y dependen casi exclusivamente del deshielo de glaciares y periglaciares. En San Juan, el Río Jáchal y sus afluentes –Río Potrerillos, Río La Palca, Río Calingasta, Río Castaño, Río Blanco y Río de los Patos– ya padecen la contaminación del mega-proyecto Veladero de Barrick Gold, que en 2015 derramó más de un millón de litros de cianuro. Metales pesados como mercurio, manganeso y aluminio superaron hasta en un 1400 % los límites tolerables y llegaron al Sistema Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, afectando también a Mendoza, San Luis, La Pampa y el sur de Buenos Aires.
En Catamarca, el proyecto MARA (Agua Rica-Alumbrera) se instaló sobre zonas periglaciares que alimentan el Río Andalgalá y, a través del mineraloducto, contaminan los Ríos Salí-Dulce, Vipos, Lules, Gastona y Balderrama en Tucumán. La cuenca del Salí-Dulce, endorreica y gigantesca, abarca Catamarca, Córdoba, Salta, Tucumán y Santiago del Estero hasta la laguna Mar Chiquita y suministra agua a 2,5 millones de personas. El Río Santa María, también afectado, desemboca en el Río Paraná y forma parte de la Cuenca del Plata.
En Cuyo, la dependencia del hielo es total. El Río San Juan, el Río Blanco, el Río Vinchina y el Río Bermejo abastecen valles enteros, pero proyectos como Gualcamayo, Josemaría y Los Azules ya intervienen áreas protegidas. En Mendoza, la creación del “Malargüe Distrito Minero Occidental” con 34 proyectos de cobre pone en alerta roja las nacientes del Río Grande –el más caudaloso de la provincia–, el Río Mendoza, Tunuyán, Diamante, Atuel y Malargüe. El Río Grande aporta el 80 % del caudal del Río Colorado, que luego riega 137.145 hectáreas en el sur de Buenos Aires a través de la Corporación de Fomento del Valle del Río Colorado (CORFO), donde se produce el 46 % de toda la cebolla del país.
El IANIGLA advirtió en 2023 que el proyecto Cerro Amarillo afectaría 47 cuerpos de hielo (58 polígonos) que cubren 3,42 km² en la subcuenca del Río Grande. Pese al informe, el gobierno mendocino aprobó la exploración. Derrames petroleros ya registrados en Puesto Hernández (YPF) y nuevos anuncios de Quintana Energy agravan la situación.
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Los glaciares no son “piedras heladas”: actúan como tanques reguladores. En sequías extremas aportan más del 40 % del caudal de ríos como el Río Mendoza. Según un informe ambiental reciente, el 56 % de las especies de vertebrados del país –y hasta el 86 % de los mamíferos– habitan en territorios alimentados por estas cuencas que cubren el 36 % de la superficie continental y sostienen a más de 7,5 millones de habitantes.
El lobby megaminero, el RIGI y el acuerdo firmado con Estados Unidos para “minerales críticos” aceleran la reforma. San Juan ya licitó 23 derechos mineros sobre 40 mil hectáreas equivalentes a dos veces la superficie de la CABA. Mientras el mundo enfrenta una “bancarrota hídrica global” –con pérdida del 30 % de masa glaciar desde 1970, según la Universidad de las Naciones Unidas–, Argentina elige exponer su mayor reserva estratégica de agua.
Miles de ciudadanos se inscriben en audiencias públicas restringidas que violan el Acuerdo de Escazú. Científicos, pobladores, estudiantes y organizaciones exigen lo mismo: los glaciares y ambientes periglaciares no se tocan. El agua vale más que el oro, el cobre y el litio.
Ríos amenazados mencionados explícitamente: Río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, Río Potrerillos, Río La Palca, Río Jáchal, Río Andalgalá, Río Salí-Dulce, Vipos, Lules, Gastona, Balderrama, Río Santa María, Río San Juan, Río Calingasta, Río Castaño, Río Blanco, Río de los Patos, Río Blanco (La Rioja), Vinchina, Bermejo, Río Grande, Río Mendoza, Tunuyán, Diamante, Atuel, Malargüe, Río Barrancas, Río Colorado, Río Paraná y más de 20 afluentes adicionales en las cuencas andinas.
