En un golpe al debate sobre la Ley de Identidad de Género y los tratamientos hormonales para disforia de género en adolescentes, la Academia Nacional de Medicina emitió un comunicado contundente rechazando cualquier intervención médica o quirúrgica en niños y menores de edad. Esta postura, alineada con la reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei, alerta sobre consecuencias irreversibles como depresión crónica –afectando al 20% de los casos según estudios internacionales– y un impacto económico en el sistema de salud que superó los $110 millones en hormonizaciones durante 2020. ¿Es este el fin de una era controvertida o un paso hacia la protección infantil? #TransicionDeGenero #LeyIdentidadGenero #SaludMentalAdolescentes
La Academia Nacional de Medicina, bastión de la ética científica argentina, levantó la voz en respuesta a consultas judiciales que interrogaban sobre la castración farmacológica, los bloqueadores de pubertad y las cirugías de reasignación de género aplicadas a menores. "No avala ningún tratamiento hormonal o quirúrgico orientado a modificar características sexuales en personas menores de edad", reza el documento, fundamentado en "principios de respeto a la vida y a la naturaleza humana".
Expertos de la institución advierten que estas prácticas, promovidas en el pasado bajo la Ley 26.743, generan efectos irreversibles: desde alteraciones óseas hasta un riesgo elevado de depresión y suicidio, con datos globales que indican que el 43% de los adolescentes intervenidos reportan pensamientos suicidas post-tratamiento. En Argentina, la prevalencia de disforia de género en jóvenes es baja –entre el 0,005% y 0,014% según el DSM-5–, pero su abordaje médico ha escalado, con 140.439 tratamientos hormonales financiados por el Estado en 2020 a un costo de $110.923.738, y 134.743 más en 2021 por $153.941.853, según cifras del Ministerio de Salud.
Este rechazo llega en sintonía con la modificación del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, promulgada en febrero de 2025 tras las declaraciones de Milei en Davos y la masiva marcha antifascista. La reforma elevó la edad mínima para hormonización de 16 a 18 años, eliminando el consentimiento familiar y el acompañamiento interdisciplinario para menores. El Gobierno la presentó como una "prohibición total" de cirugías y tratamientos, vinculándola a supuestos abusos infantiles y "mutilaciones de órganos saludables". Sin embargo, el comunicado presidencial fue tildado de desinformación por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien desmintió los 240 centros de hormonización falsamente atribuidos a la provincia: "Son consultorios inclusivos para poblaciones marginadas, no intervenciones sistemáticas en menores. Mentir es ignorancia, maldad y homofobia", disparó.
La Academia cita revisiones internacionales: países como Finlandia, Suecia, Noruega, Inglaterra y Países Bajos han suspendido o reevaluado estos protocolos ante "efectos no deseados", como un 98% de persistencia en tratamientos pero con arrepentimientos en hasta el 20% de operados, según informes de la Clínica Tavistock. En su lugar, propone un "enfoque integral" con contención familiar y salud mental, priorizando el desarrollo natural sobre "peligrosas manipulaciones" basadas en "falsos conceptos" de identidad.
El impacto económico no es menor: mientras las mujeres trans en Argentina enfrentan una esperanza de vida 40 años menor por discriminación –según CIPPEC–, el gasto público en políticas de género superó los $1.024 billones en 2021, con un 72,1% ejecutado. Críticos ven en esta reforma un ahorro fiscal disfrazado de protección, pero defensores la celebran como un freno a intervenciones "sin respaldo científico". ¿Protegerá esto a los vulnerables o profundizará la estigmatización? La sociedad argentina, polarizada, exige respuestas. #DisforiaGenero #Milei2025 #DerechosLGBTQ #RiesgosMedicos #SaludPublicaArgentina
