Un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la organización La Poderosa, basado en un relevamiento en nueve barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Corrientes y Tierra del Fuego, expone las graves carencias estructurales que afectan a miles de familias en el país.
El estudio destaca problemas que van desde la infancia vulnerable hasta la precariedad en la vivienda y el acceso a servicios esenciales, pintando un panorama de desigualdad profunda en la Argentina del siglo XXI.
Infancias sin futuro asegurado
En los barrios encuestados, entre el 20% y el 30% de la población tiene 14 años o menos, mientras que prácticamente no hay presencia de personas mayores de 75 años. Esta distribución etaria refleja una desigualdad marcada: la infancia está sobrerrepresentada, pero las condiciones de vida no garantizan un desarrollo saludable ni la posibilidad de alcanzar edades avanzadas. El informe refuerza esta realidad con una cifra alarmante: el 41% de las familias depende de comedores comunitarios para alimentarse, alcanzando hasta el 60% en algunos barrios. Estas dependencias ponen en evidencia el hambre crónica y la falta de oportunidades para las generaciones más jóvenes.
Hogares expuestos y viviendas precarias
El 90% de los hogares se encuentra expuesto a un alto riesgo ambiental, debido a la proximidad a basurales, la proliferación de plagas y la contaminación de los entornos. La infraestructura urbana es insuficiente: solo el 27% de las viviendas está ubicado sobre calles asfaltadas, mientras que el 46% se encuentra sobre calles de tierra, lo que complica el acceso y agrava problemas durante lluvias o emergencias.
Puertas adentro, la situación habitacional es igual de crítica. Apenas el 15% de las viviendas alcanza una calidad constructiva considerada suficiente. Casi la mitad presenta grietas, filtraciones o goteras, y entre el 20% y el 45% carece de agua caliente o de un lavamanos en el baño, lo que impacta directamente en la higiene y la salud diaria de los habitantes
Servicios básicos, un derecho postergado
El acceso a servicios públicos emerge como uno de los puntos más críticos del relevamiento. El 73% de los hogares vive en condiciones precarias de conexión, calidad o cantidad, y un 11% directamente no tiene acceso a uno o más servicios esenciales.
La precariedad se manifiesta especialmente en el agua y la electricidad: la mitad de las familias accede al agua mediante conexiones informales —con picos del 95% en algunos barrios—, mientras que el 63% se conecta de manera irregular a la red eléctrica. Esta informalidad no solo encarece los costos para las familias, sino que incrementa los riesgos de accidentes y limita las oportunidades educativas y laborales, perpetuando un ciclo de pobreza.
Inversión insuficiente: lo que se destina y lo que se necesita
A pesar de la gravedad de la situación, el financiamiento público para la integración socio-urbana de los barrios populares ha sido drásticamente reducido. En 2024, el gobierno ejecutó solo el 5% del presupuesto destinado a la urbanización de estos barrios, pasando de una inversión de 198.353 millones de pesos en 2023 a apenas 20.374 millones en 2024. Para 2025, el recorte es aún más severo: el programa de Integración Socio Urbana vio su financiamiento reducido en un 96%, de 35 mil millones de pesos en 2024 a solo 1.4 mil millones. Entre 2021 y 2023, se ejecutaron 251.471 millones de pesos nominales (equivalentes a 1.300 millones de dólares), pero la ejecución en 2024 cayó un 92% nominal y 96% real respecto al año anterior, dejando paralizadas 716 obras que afectan a más de 850 mil familias.
Estimaciones oficiales indican que para lograr la integración total de los barrios populares —incluyendo infraestructura básica, ordenamiento territorial, desarrollo humano y económico— se requieren al menos 27.343 millones de dólares (aproximadamente 38 billones de pesos al tipo de cambio actual). Esta cifra incluye componentes como 3.400 millones de dólares para mitigación ambiental y 15.080 millones para cubrir el déficit habitacional cuantitativo. Propuestas como destinar el 15% de la inversión estatal en obra pública a estos barrios podrían representar un paso adelante, pero actualmente el gobierno debería multiplicar por al menos 20 veces su asignación anual para acercarse a las necesidades reales y evitar que la precariedad se perpetúe.
Emergencia estructural
El informe expone una realidad que atraviesa a millones de personas en Argentina: la vida en los barrios populares se sostiene en la informalidad y la precariedad, con derechos básicos sistemáticamente vulnerados. Mientras se multiplican las promesas de planes de urbanización que nunca llegan, los datos muestran que en la Argentina del siglo XXI, crecer y vivir en un barrio popular todavía significa convivir con el hambre, la falta de servicios y la amenaza permanente de la contaminación. El capitalismo no puede asegurar lo más básico para la vida.
